La estrategia nacional a la extorción es respaldada: Empresarios
La estrategia se basa en cinco ejes tales como el numero 089 como medio de denuncia y cancelación de la línea.
Ante la creciente ola de extorsiones que afecta a prácticamente todas las regiones del país, el sector empresarial ha levantado la voz para pedir estrategias más eficaces, contundentes y con resultados visibles. Este llamado se intensificó luego de que el Gobierno Federal presentara recientemente una nueva Estrategia Nacional contra la Extorsión, misma que contempla cinco ejes de acción, así como una reforma constitucional al artículo 73 que permitiría legislar de manera general sobre este delito que lacera profundamente tanto a la sociedad como a la economía.
Carl Bres, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en la región, reconoció el esfuerzo que representa esta nueva estrategia, pero también hizo un llamado a no quedarse solo en el papel. “Respaldamos totalmente la intención y la propuesta. Sin embargo, es importante recordar que cada región del país vive realidades distintas. Lo que funciona en el norte no necesariamente será útil en el centro o el sur, por eso es vital que la estrategia tenga una lectura local, que se estudien los contextos particulares y que las acciones se ajusten a esas condiciones”, indicó.
La extorsión: un problema que trasciende lo económico
La extorsión, explicó Bres, es uno de los delitos que más impacto negativo tiene sobre la operación diaria de los negocios. “No hablamos solo de grandes empresas, sino también de micro y pequeños negocios que muchas veces son los más vulnerables. Desde vendedores ambulantes, taxistas, restauranteros, comerciantes de mercados o tianguis, hasta empresas medianas, todos han sido blanco de amenazas, cobros ilegales o intimidación”, señaló el líder empresarial.
Además, destacó que no siempre se trata de extorsión directa. En muchos casos, los criminales utilizan métodos como llamadas telefónicas, mensajes de texto, o redes sociales, generando miedo y sometimiento sin siquiera estar presentes físicamente. El resultado, sin embargo, es el mismo: miedo, pérdida económica, y una creciente desconfianza en las instituciones de seguridad.
Una estrategia con cinco pilares
La estrategia lanzada por el Gobierno Federal propone cinco ejes principales de actuación:
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Fortalecimiento de las capacidades de investigación en las fiscalías, para que el delito de extorsión sea perseguido de manera efectiva.
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Mejora de la atención a víctimas, con líneas telefónicas como el 089 capacitadas para manejar este tipo de crisis.
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Creación de una unidad especial de combate a la extorsión en cada entidad federativa.
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Campañas de prevención para informar a la población sobre cómo identificar y denunciar una extorsión.
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Colaboración con instituciones financieras y de telecomunicaciones para rastrear, bloquear y evitar el uso de cuentas y líneas telefónicas vinculadas con estos delitos.
Asimismo, uno de los puntos más destacados de la estrategia es la reforma constitucional al artículo 73, que permitiría legislar a nivel nacional sobre el delito de extorsión, actualmente regulado solo a nivel estatal. “Este cambio es crucial —subrayó Bres— porque dotaría al Congreso de la Unión de la facultad para crear una Ley General contra la Extorsión, homologando definiciones, sanciones y procedimientos en todo el país. Eso daría mayor certeza jurídica y cerraría brechas legales que hoy permiten a los criminales actuar con impunidad”.
Exigen resultados medibles y acompañamiento local
Agregó que se requiere un trabajo conjunto con las policías locales, cuerpos de inteligencia, autoridades fiscales y bancos, ya que muchas veces los cobros de extorsión terminan canalizados a través de cuentas bancarias que deberían poder rastrearse fácilmente. “No es admisible que en plena era digital los criminales sigan utilizando líneas telefónicas anónimas o cuentas bancarias sin supervisión”, insistió.
Reforma con apoyo social
El presidente de COPARMEX también destacó que esta reforma constitucional y la estrategia general han recibido un amplio respaldo de distintos sectores sociales, incluyendo otras cámaras empresariales, líderes comunitarios y académicos. “Esto no es un tema de partidos ni de ideologías. Es un asunto que nos afecta a todos. Queremos que nuestros hijos puedan crecer sin miedo, que nuestros negocios puedan operar con libertad, y que cada ciudadano pueda vivir con dignidad”, expresó.
En ese sentido, invitó a los legisladores a no retrasar la discusión de esta reforma, ya que la inseguridad derivada de la extorsión impacta también en la generación de empleos, atracción de inversiones y hasta en la permanencia de empresas que optan por cerrar o trasladarse a zonas más seguras.
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