La cañería criminal y los 90 días

La crisis económica de 1982 cimbró al país económicamente (deuda externa y déficit público, devaluación y expropiación bancaria) y políticamente (triunfos municipales y estatales de la oposición en cascada, aunque no fueran reconocidos).

El modelo económico de gasto público sin control como motor de la economía y el gobierno metiéndose a “empresario” ineficiente en rubros no prioritarios estratégicamente era insostenible. El gobierno que asumía el tecnócrata Miguel de la Madrid en 1983 estaba totalmente quebrado por lo que México había perdido su autonomía económica ante organismos y bancos internacionales.

Carlos Salinas como secretario de Programación y Presupuesto fue responsable de diseñar, junto con el secretario de Hacienda, Jesús Silva Herzog, las políticas económicas que permitieran la estabilidad macroeconómica y el equilibrio presupuestal, además de la privatización de empresas estatales no prioritarias que costaban al erario, así como la apertura comercial con la adhesión de México al GATT en agosto de 1986.

Este fue el antecedente del TLCAN que firmaron los presidentes George W. Bush, Carlos Salinas de Gortari y Brian Mulroney en diciembre de 1992 y que entró en vigor en enero de 1994. El tratado trilateral establecía un plazo de 15 años para la eliminación total de barreras arancelarias entre EU, México y Canadá.

Este acuerdo comercial benefició la economía mexicana, impulsando especialmente las exportaciones manufactureras, atrayendo inversión extranjera directa y obligando a las empresas mexicanas a ser competitivas internacionalmente.

Fue en 2018 cuando se estableció el convenio para remplazar el TLCAN por el T-MEC que fue firmado por Trump, Peña Nieto y Justin Trudeau con una vigencia de 16 años y revisión en 2026 para decidir si se continúa o no.

El T-MEC incluyó modernización en aspectos laborales, cuidado del medio ambiente y disposiciones de comercio digital. T-MEC tuvo impacto en sectores energético, automotriz y agroalimentarios, entre otros. Y establece el compromiso de mejorar la conectividad entre los 3 países por vía aérea, carretero, ferroviario y marítimo.

Hoy Trump no está contento con su socio al sur de la frontera, lo considera un estado fallido y lo que es peor, “un narcoestado” producto de la colusión de la clase política corrupta con el crimen organizado que inunda de drogas a EU, especialmente de fentanilo que genera más de 100 mil muertes anuales en aquel país.

A Estados Unidos no le está gustando el socio que es México ahora que México no avanza en democracia, respeto a los derechos humanos, estado de derecho, en seguridad y gobernabilidad y, lo más grave, cada vez está más convencido de que México es un narcoestado que se ha agravado con la 4T y, como si esto fuera poco, mientras el país obtiene las ventajas del tratado comercial, el gobierno morenista se alía y simpatiza con los enemigos de EU como son Cuba, Rusia, Venezuela y China.

Estados Unidos exige a México compromisos mínimos y básicos de gobernabilidad, democracia, estado de derecho, seguridad, combate al crimen organizado y a la corrupción organizada, y de lealtad e integración comercial. Sin cumplir estos requisitos difícilmente se renovará el T-MEC y tendremos la represión comercial vía aranceles.

Ahora México necesita decidir con hechos si le interesa seguir siendo socio de Estados Unidos. Una equivocación en esto tendrá grandes costos y consecuencias para el país.

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