La 4T abre la puerta al regreso del mando civil en las aduanas
Mario Maldonado
En el dictamen de la nueva Ley Aduanera pasó casi desapercibido un párrafo que podría marcar el inicio del fin de la militarización en las aduanas mexicanas. En la página 29, bajo el apartado de Disposiciones Transitorias, el Quinto Transitorio introduce una frase inédita en la narrativa legislativa reciente: “La Secretaría de Hacienda, por conducto de la Agencia Nacional de Aduanas de México, deberá evaluar la viabilidad del retorno de dichas funciones a mandos civiles especializados”.
Traducido del lenguaje técnico, eso significa que por primera vez desde 2021, cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador entregó el control operativo de las aduanas a las Fuerzas Armadas, el Congreso reconoce oficialmente que ese esquema podría revertirse. No es una orden directa, pero sí una cláusula política de apertura que obliga al gobierno a estudiar, documentar y reportar al Legislativo si es viable devolver el control civil de las aduanas. Un paso pequeño en apariencia, pero enorme en su significado institucional.
La propuesta fue impulsada originalmente por la diputada Julieta Licet Jiménez Angulo, del PAN, y respaldada por todo su grupo parlamentario. En su iniciativa, presentada el 17 de septiembre, planteó textualmente que la administración, coordinación y vigilancia de las aduanas debían regresar “a autoridades con carácter civil”, argumentando que la presencia militar —aunque eficaz en materia de seguridad— vulneraba la división de funciones en un Estado democrático. Su planteamiento fue ignorado en el articulado principal, pero sobrevivió, discretamente, en el transitorio número cinco, como una concesión política a las bancadas opositoras.
Lo revelador es que esta “ventana civil” aparece dentro de una reforma que, en todos los demás aspectos, fortalece el control estatal y digital de las aduanas. El nuevo marco legal consolida la alianza entre el SAT, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), para crear un ecosistema de vigilancia tecnológica y trazabilidad en tiempo real. Todos los recintos fiscales y fiscalizados deberán contar con videovigilancia continua, sistemas interoperables y acceso remoto permanente para las autoridades. En otras palabras, las aduanas serán administradas por la nube: sensores, cámaras y algoritmos en vez de inspectores.
Así, por un lado, el dictamen deja abierta la puerta al regreso del mando civil; y por otro, entierra definitivamente la idea de una aduana autónoma o desconcentrada del poder ejecutivo. Las nuevas facultades de la ANAM la convierten en un organismo de control total, capaz de firmar convenios informáticos con la ATDT, acceder en tiempo real a las operaciones comerciales y coordinar con la Secretaría Anticorrupción la supervisión de agentes y recintos.
El texto también crea el Consejo Aduanero, presidido por Hacienda e integrado por el SAT, la ANAM y la Secretaría Anticorrupción. Este órgano decidirá quién puede operar una patente aduanal, renovar su autorización o ser sancionado. A partir de la entrada en vigor, los agentes aduanales serán responsables solidarios de los impuestos y cuotas compensatorias y perderán las “excluyentes de responsabilidad” que históricamente los blindaban. Un sistema que los vuelve fiscalmente corresponsables, políticamente vulnerables y tecnológicamente rastreables.
En ese contexto, el Quinto Transitorio es una cláusula de introspección en una ley diseñada para concentrar poder. Ordena un diagnóstico integral sobre la viabilidad del mando civil, que deberá realizarse dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigor del decreto. No garantiza cambios, pero sí obliga al Ejecutivo a justificar su continuidad o su eventual repliegue. Es recordatorio de que el control militar de las aduanas no debe asumirse como irreversible.
Si Hacienda cumple el mandato, el estudio tendría que presentarse ante el Congreso antes de discutir el Paquete Económico 2027. En ese momento, Sheinbaum —ya con dos años de gobierno— deberá decidir si sostiene la línea de seguridad heredada de López Obrador o impulsa una transición civil bajo el argumento de eficiencia y transparencia.
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