Juez ordena audiencia por deportaciones a Sudán del Sur
Una corte en Massachusetts ordenó al gobierno de EE. UU. explicar la aparente deportación de migrantes a países inestables como Sudán del Sur.
Un juez federal en Massachusetts citó a funcionarios de inmigración de Estados Unidos a una audiencia de emergencia este miércoles, tras reportes de deportaciones ilegales de migrantes a Sudán del Sur y otros países, en presunta violación de una orden judicial previa.
El juez federal Brian E. Murphy, de Massachusetts, ordenó este martes por la noche al gobierno de Estados Unidos mantener bajo su custodia a los migrantes presuntamente deportados a Sudán del Sur y otros destinos, hasta determinar la legalidad de esas acciones. La medida responde a denuncias de abogados de inmigración, quienes aseguran que estas remociones podrían violar una orden judicial que garantiza a los afectados el derecho a argumentar que su vida corre peligro si son enviados a terceros países.
Los informes presentados ante la corte indican que personas originarias de Myanmar, Vietnam y otros países habrían sido trasladadas recientemente a África. Al menos una docena de migrantes fueron mencionados en las denuncias.
Uno de los casos más alarmantes es el de un hombre de Myanmar deportado tras ser notificado únicamente en inglés —idioma que no domina— y cuyos abogados solo fueron informados del vuelo horas antes de la salida.
Abogados exigen freno inmediato a las deportaciones
Los abogados de la Alianza Nacional de Litigios de Inmigración pidieron al juez una orden de emergencia para frenar más traslados. Señalan que el gobierno habría violado el fallo judicial anterior, el cual prohíbe deportaciones sin ofrecer una “oportunidad significativa” para presentar reclamos de miedo creíble.
El juez Murphy, nombrado por el presidente Joe Biden, ya había sentenciado previamente que deportaciones sin aviso a países como Libia también violaban sus fallos. Ahora, exige al gobierno federal identificar a los migrantes implicados, explicar cómo y cuándo fueron notificados, y detallar su paradero.
Además, ordenó que los migrantes deportados sean tratados “humanamente”, y que se asegure su posible retorno si se comprueba que fueron removidos ilegalmente.
Gobierno de Trump defiende las remociones
En respuesta a la controversia, funcionarios de inmigración afirmaron este miércoles que ocho migrantes condenados por delitos fueron deportados, aunque evitaron revelar sus destinos finales, argumentando que sus países de origen se negaron a recibirlos.
Algunas deportaciones recientes se han realizado en coordinación con terceros países como Panamá, o incluso El Salvador, donde los migrantes han sido enviados a centros de detención polémicos bajo amparo de una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII, lo cual actualmente está siendo impugnado en tribunales.
El Departamento de Seguridad Nacional ha extendido recientemente el Estatus de Protección Temporal (TPS) para algunos sudaneses del sur en EE. UU., debido a las graves condiciones humanitarias en su país.
Sudán del Sur niega recepción de migrantes
El portavoz policial de Sudán del Sur, James Monday Enoka, declaró a la agencia Associated Press que no tienen registro de la llegada de migrantes deportados desde EE. UU. Aseguró que, si alguno entra al país y no se identifica como sudanés del sur, será expulsado nuevamente a su lugar de origen.
Sudán del Sur enfrenta una crisis prolongada desde su independencia en 2011. Solo semanas atrás, la ONU advirtió que el país se encuentra al borde de una nueva guerra civil, con enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales que podrían derivar en un conflicto masivo como los de 2013 y 2016, que dejaron más de 400 mil muertos.
El informe 2024 del Departamento de Estado sobre Sudán del Sur indica violaciones graves a los derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, torturas y violencia sexual generalizada. Por ello, abogados sostienen que deportar personas a ese país equivale a exponerlas a un peligro extremo.
Pese a las tensiones diplomáticas recientes, Estados Unidos sigue siendo el mayor donante humanitario en Sudán del Sur, con más de 640 millones de dólares en ayuda este año, según su embajada en Yuba.
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