Juez federal definirá apelación de exdirectivo de CMIC en junio
El plazo para resolver la apelación de Ricardo Gutiérrez, exdirectivo de CMIC acusado de desviar 1,800 millones de pesos, vence en noviembre. La cámara exige justicia.
Un juez federal resolverá en las próximas semanas la apelación de Ricardo Gutiérrez, ex presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), condenado en 2022 por desviar 1,800 millones de pesos de fondos de la organización.
La CMIC insiste en recuperar 3.5 millones de pesos más intereses y espera sentar un precedente contra la impunidad en casos de corrupción.
Antecedentes del caso
Ricardo Gutiérrez fue declarado culpable en 2022 por un tribunal local de desviar 1,800 millones de pesos durante su gestión al frente de la CMIC (2018-2020). La sentencia inicial lo obligaba a restituir 3.5 millones de pesos, equivalentes al monto identificado en cuentas personales, más intereses y gastos legales. Sin embargo, Gutiérrez apeló el fallo, argumentando irregularidades procesales.
El caso escaló a un juzgado federal en Monclova, Fuentes judiciales confirman que la resolución podría incluir la incautación de bienes si se mantiene la condena.
Posicionamiento de la CMIC
Eugenio Williamson, consejero jurídico de la CMIC, explicó en entrevista que la organización busca "dejar un precedente histórico" para evitar que casos similares se repitan.
"No permitiremos que se solape el mal uso de recursos, como sucede en dependencias públicas. Los socios merecen transparencia", declaró.
Williamson destacó que la CMIC realiza auditorías anuales externas y que el caso Gutiérrez es el primero en 50 años donde se judicializa un desvío. "El mensaje es claro: aquí no hay cabida para la corrupción", añadió.
Impacto financiero y legal
El monto reclamado (3.5 millones de pesos) corresponde a transferencias directas identificadas en cuentas de Gutiérrez, según el informe de la firma auditora Kroll Associates.
Si el juez federal confirma la sentencia, Gutiérrez tendría 30 días para pagar. De lo contrario, se activaría un proceso de embargo, según el Código Nacional de Procedimientos Penales (artículo 366).
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