Juez anula recorte de fondos antiterrorismo de Trump a estados demócratas

Una jueza federal anuló el recorte de fondos antiterrorismo del Departamento de Seguridad Nacional a estados demócratas, por vincularlos a políticas migratorias.

Una coalición de estados demócratas, liderada por fiscales generales de California, Nueva York, Illinois y Nueva Jersey, obtuvo una victoria judicial este martes contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), tras una demanda por haber recortado millones de dólares del Programa de Subvenciones de Seguridad Nacional (HSGP) en represalia por no colaborar con la agenda de deportaciones masivas del presidente Donald Trump. La jueza federal Mary McElroy dictaminó que el recorte era ilegal y ordenó al DHS restaurar los fondos, argumentando que los estados enfrentaban un "daño irreparable" en su capacidad para responder a terrorismo y desastres naturales.

La jueza Mary McElroy, del Distrito de Rhode Island, determinó que el DHS actuó ilegalmente al reasignar fondos del HSGP –destinados a preparación antiterrorista y respuesta a desastres– para castigar a estados "santuario". Ordenó a la agencia modificar las adjudicaciones para reflejar los niveles de financiación originales y anuló cambios significativos en programas de preparación implementados a última hora en septiembre. "El tribunal no tiene ninguna duda en concluir que los demandantes corren el riesgo de sufrir un daño irreparable", señaló McElroy, destacando que "no existe interés público en la perpetuación de acciones ilegales" por una agencia gubernamental.

Argumento de la demanda: vinculación ilegítima con políticas migratorias

Los estados demandantes alegaron que, desde el inicio de la segunda administración Trump, el poder ejecutivo ha intentado repetidamente vincular la financiación federal a la colaboración con las leyes de inmigración, en violación de la separación de poderes. Citando órdenes ejecutivas de enero y febrero de 2025 que prohibían fondos a jurisdicciones "santuario", argumentaron que el recorte al HSGP respondía a esa agenda política, poniendo en riesgo la seguridad pública estatal y local.

Estados involucrados y alcance de la medida cautelar

La demanda fue presentada por los fiscales generales de California, Illinois, Nueva Jersey, Rhode Island, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Massachusetts, Minnesota, Nueva York, Vermont y Washington, además del gobernador de Pensilvania. La medida cautelar permanente dictada por McElroy obliga al DHS a restaurar los fondos y prohíbe cambios arbitrarios futuros en la asignación, sentando un precedente legal contra el uso de fondos federales como herramienta de coerción política.

Contexto de la lucha entre el gobierno federal y los estados "santuario"

El fallo representa un nuevo revés judicial para la estrategia de presión migratoria de la administración Trump, que ha buscado retener fondos federales a estados y ciudades que limitan su cooperación con las autoridades de inmigración. Anteriormente, tribunales habían bloqueado intentos similares durante el primer mandato de Trump, argumentando que el congreso es el único facultado para condicionar fondos federales.

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