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INE capacita a funcionarios para voto inclusivo en Coahuila

Elección Judicial
Penélope Cueto
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El organismo electoral implementa protocolos para garantizar el sufragio de grupos vulnerables.

Saltillo, Coahuila, 22 de mayo de 2025.- El Instituto Nacional Electoral (INE) capacitó a funcionarios de casilla en protocolos de atención a grupos vulnerables para asegurar su participación en las próximas elecciones. La medida, coordinada con el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), incluyó simulacros que demostraron un tiempo promedio de cuatro minutos por votante en condiciones especiales.

En un simulacro realizado esta mañana, el presidente de la Junta Local, José Luis Vázquez López, explicó que el INE diseñó medidas específicas para facilitar el voto de personas con movilidad limitada, discapacidad visual o auditiva y destacó que en cada casilla se contará con mamparas especiales que tendrán alturas adaptables y sillas para garantizar accesibilidad.

Durante el ejercicio, se evaluaron casos como el de ciudadanos en silla de ruedas o con muletas, quienes pueden ser acompañados por una persona de confianza para emitir su sufragio. 

Para quienes no puedan ingresar a la casilla, como personas con discapacidad severa, se asignarán dos escrutadores que llevarán las boletas al vehículo. "Se verifica la credencial, se aplica tinta indeleble y se depositan las papeletas en la urna sin violar el secreto del voto", explicó Vázquez López.

Atención a otros grupos vulnerables

El protocolo también contempla a personas con lesiones temporales, como quienes no pueden usar sus manos. En estos casos, un escrutador o acompañante puede asistirlos en el llenado de las boletas.

Además, se aplica el protocolo trans para votantes cuyo nombre no coincida con su identidad de género. "No se cuestiona su identidad; se les llama por sus apellidos para evitar discriminación", afirmó el funcionario.

Datos verificables y contexto

En México hay aproximadamente 7.4 millones de personas con discapacidad (INEGI, 2024), y su inclusión electoral es un derecho constitucional. Las medidas forman parte del Plan de Acción para una Democracia Inclusiva 2025, que busca eliminar barreras físicas y administrativas.

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