Huachicol: van por agentes aduanales y militares
La Agencia Nacional de Aduanas de México y la FGR tienen listas más de 200 solicitudes de órdenes de aprehensión en contra de agentes aduanales, administradores, subadministradores y personal operativo de diversas aduanas de todo el país, por su presunta participación en el delito de huachicol fiscal, que durante varios años ha permitido el contrabando de combustible desde varias partes del mundo hacia México.
Los empleados de las aduanas que serán vinculados a proceso no solo son civiles, también hay personal militar, así como empresarios, entre los que destaca el exgobernador de Baja California y militante del Partido Acción Nacional (PAN), Ernesto Ruffo Appel.
De acuerdo con fuentes federales cercanas a EL UNIVERSAL, las órdenes de aprehensión comenzaron a interponerse desde el primer día de agosto de 2025, a través de la Fiscalía General de la República (FGR) y fiscalías locales ante jueces de todo el país.
Algunas de las solicitudes ya fueron giradas, y otras serán otorgadas por jueces en los próximos meses, aunque por el sigilo de la investigación, no todas serán anunciadas públicamente.
El pasado 14 de agosto, El Gran Diario de México informó sobre el avance de este megaoperativo para combatir el huachicol fiscal al más alto nivel, al detallar que hasta entonces se había logrado la desvinculación de sus funciones de personal de las aduanas de Ciudad Juárez, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico y Ensenada, además de la suspensión de dos agentes aduanales por presunta colusión en el contrabando de gasolina.
Asimismo, este domingo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer la detención de 14 personas vinculadas con el contrabando de combustible luego del megadecomiso de 10 millones de litros de diesel en Tampico, Tamaulipas en marzo pasado.
En conferencia de prensa, el funcionario federal confirmó la captura de tres empresarios, cinco marinos en activo, y uno en retiro, además de cinco exfuncionarios de aduanas.
De acuerdo con información a la que tuvo acceso El Gran Diario de México, la próxima semana se girarán órdenes contra personas morales quienes también están involucradas en el huachicol fiscal.
Destaca una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Baja California y militante del PAN, Ernesto Guillermo Ruffo Appel, quien funge como socio mayoritario de la empresa Ingemar, S.A. de C.V., involucrada en el megadecomiso de 15 millones de litros de huachicol en Coahuila el pasado 7 de julio.
El pasado 24 de julio, EL UNIVERSAL expuso que Ingemar nació en 2018, y se registró como una empresa que se dedicaría a relaciones públicas, a la construcción, compra de terrenos y de bienes raíces, pero que de manera sorpresiva, el 11 de abril de 2019, solicitó la modificación del objeto de la sociedad para entrar al mercado de hidrocarburos, incluyendo actividades como servicios de almacenamiento, petrolíferos y petroquímicos; compra, venta, importación y exportación de hidrocarburos; vigilancia y custodia de hidrocarburos, y para ser contratista del gobierno federal y locales, entre otras actividades.
El dueño de la empresa, José Merino Valdés Cuervo, incluyó a Ruffo Appel como socio mayoritario en octubre de 2021, y dos años después lograron obtener un permiso del gobierno federal para la importación de 500 millones de litros de gasolinas magna y premium, así como diesel, pese a que, hasta entonces, la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador había mantenido congelados más de 8 mil permisos de hidrocarburos.
Tras el aseguramiento de los carrostanque de Ingemar que trasladaban huachicol, Ruffo Appel se deslindó de responsabilidades y aseguró estar listo por si era requerido por las autoridades.
Así lo destacó en una entrevista con EL UNIVERSAL el pasado 24 de julio, en la que sostuvo que dejaría a disposición del gobierno federal toda la información respecto a la actividad que ha sostenido Ingemar a lo largo de los últimos años, en cuanto le sea solicitada.
¿Tiene la conciencia tranquila?, se le preguntó.
"Absolutamente. Yo ando aquí haciendo mis negocios en el país, aquí estoy en México y listo, si me llaman y me citan", declaró.
El empresario aseguró que Ingemar no tiene responsabilidad alguna en el tráfico de huachicol e incluso acusó a los comercializadores, que operan desde la recepción del combustible en las refinerías hasta la entrega en las gasolinerías.
Ruffo Appel señaló que la comercializadora con la que trabaja Ingemar es Crismón Hidrocarburos y Derivados; afirmó que les fue consignada directamente por el gobierno federal, por lo que la colaboración directa no fue su decisión: "Crismón es nuestra comercializadora, es nuestro único cliente, fue el que nos autorizó la Comisión Reguladora de Energía. Nosotros sólo tenemos un permiso de importación, pero no tenemos comercializadora", expresó.
Colusión al más alto nivel
De acuerdo con las investigaciones, el huachicol fiscal se ha fortalecido en México debido a que la colusión para cometer dicho delito se ha dado al más alto nivel. Lo anterior quedó confirmado este domingo por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con la captura del vicealmirante de la Secretaría de Marina Manuel Farías Laguna por contrabando, y de otros funcionarios.
EL UNIVERSAL ha dado cuenta del modus operandi para la comisión de este delito: Los agentes y funcionarios aduanales reportan el ingreso de aditivos para aceites, sosa cáustica y nitratos mediante mecanismos restringidos y contrabando técnico, pero en realidad lo que entra al país son millones de litros de combustible.
De esta forma, los buques o trenes han logrado ingresar a México sin pagar impuestos, a cambio de cantidades millonarias de dinero en sobornos para los agentes aduanales. Las extravagantes cantidades de dinero que se mueven son las que llamaron la atención de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Entre los casos relevantes de huachicol está el operativo del pasado 10 de marzo cuando el buque tanque High Challenge, con bandera de Liberia, fue intervenido tras atracar en el puerto de Tampico, Tamaulipas, donde intentó ingresar 50 millones de litros de combustible ilegal.
El 20 de marzo se detectó asimismo al buque Torm Agnes, de la empresa china Tianjin Yuanhan, tratando de contrabandear un contenedor con 10 millones de litros de huachicol. El 31 de marzo, se ubicó al petrolero Challenge Procyon, con bandera de Singapur, al intentar ingresar 20 millones de litros de combustible ilegal.
En lo que respecta a los pasos terrestres, la fiscalía detectó el mismo modus operandi de los agentes en la aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuando el pasado 23 de junio decomisó 80 pipas y 100 carrotanques ferrocarrileros con aproximadamente 20 millones de litros.
En todos los casos, los registros de la Administración del Sistema Portuario Nacional indican que se transportaban aditivos para aceites lubricantes, desperdicio de combustible, aceite quemado de baja calidad, aditivos para aceites, sosa cáustica y nitratos.
La reiterada aparición de reportes con el ingreso de desechos, que en realidad eran huachicol, llamó la atención de agencias de inteligencia de México y de Estados Unidos, así como de las autoridades federales mexicanas, motivo por el que desde septiembre de 2020 las 49 aduanas en puertos y aeropuertos del país quedaron bajo custodia de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.
Aunque uno de los objetivos fue evitar la corrupción y el tráfico de drogas, el gobierno federal detectó un aumento en el contrabando de huachicol, por lo cual desde abril de 2025 inició un operativo para la detección de combustible ilícito en al menos seis aduanas del norte. Los puntos de control, que cuentan con apoyo de la Guardia Nacional, fueron instalados de manera aleatoria en Matamoros y Reynosa, Tamaulipas; en Nogales y Sonoyta, Sonora; y en Mexicali y Tijuana, Baja California. Reportes oficiales indican que entre el 31 de enero y el 16 de marzo de 2025 entraron 10 buques tanque a los muelles del puerto comercial de Tampico para descargar combustible de manera ilegal.
El ejercicio se repetía dos veces por semana, lo que generó ganancias por miles de millones de dólares a empresas e integrantes del crimen organizado, dedicadas a la cadena de suministro de huachicol.
Las comercializadoras, los distribuidores y los importadores también están en la mira de la FGR. Sus permisos las facultan para la compraventa, distribución y suministro de combustibles líquidos y derivados de hidrocarburos, a consumidores finales u otros distribuidores. Su función es asegurar que el combustible llegue desde las refinerías o plantas de procesamiento hasta los puntos de venta y los consumidores directos.
De acuerdo con cifras oficiales, del 8 de mayo de 2015 al 20 de junio de 2024, la recién extinta Comisión Reguladora de Energía (CRE) admitió a trámite un total de 983 solicitudes de permiso de comercialización de hidrocarburos.
Pese a ello, sólo 40% lograron acceder al mercado. Del total de solicitudes, la CRE otorgó 586 permisos que siguen vigentes, en tanto que 131 han caducado, seis se dieron por terminados anticipadamente, uno está vencido y 259 siguen en proceso.
Las pesquisas dejaron de centrarse en los agentes aduanales por eso, y se integró a las empresas importadoras, comercializadoras y distribuidoras, ya que su presunta participación en el trasiego de huachicol fiscal es clave para concretar este ilícito.
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