Fiscalía indaga denuncia de abuso contra sacerdote; Diócesis confirma medidas y colaboración

Según la narración del denunciante, los hechos ocurrieron fuera de las instalaciones del templo.

La Fiscalía General del Estado en la región Norte abrió una carpeta de investigación tras recibir la denuncia de un hombre adulto que afirma haber sido víctima de abuso sexual cuando era menor de edad. El señalado es el sacerdote Luis Efraín N., quien en 2007 se desempeñaba como ministro en la iglesia San Antonio de Padua, ubicada en la colonia San Joaquín de Piedras Negras.

Según la narración del denunciante, los hechos ocurrieron fuera de las instalaciones del templo, en el contexto de actividades parroquiales a las que asistía como parte de un grupo juvenil. Aunque el sitio exacto no fue revelado por reserva ministerial, la víctima aseguró que el abuso se dio en un espacio privado al cual fue llevado bajo el pretexto de una actividad espiritual. Por años, dijo, cargó con el impacto emocional del hecho sin saber cómo proceder legalmente.

La denuncia no solo reabrió un episodio que permaneció en silencio durante casi dos décadas; también detonó que el afectado conociera testimonios de otras personas que, según su relato, le aseguraron haber vivido situaciones similares vinculadas al mismo sacerdote. Aunque la Fiscalía únicamente tiene registrada una querella formal hasta el momento, el denunciante mencionó que podría haber más casos no reportados oficialmente.

Al ser consultada sobre la situación, la Diócesis de Piedras Negras confirmó que en mayo de este año tuvo conocimiento de acusaciones de abuso sexual relacionadas con un sacerdote que en aquel entonces pertenecía a su jurisdicción. Informó que, desde el primer aviso, se activaron los protocolos internos establecidos por la Santa Sede, se notificó a las autoridades civiles y se ofreció acompañamiento a quienes señalaban haber sido víctimas.

La estructura diocesana subrayó que el sacerdote señalado se encuentra bajo medidas cautelares dictadas por su actual obispo, Mons. Jaime Tamayo, en la diócesis de Laredo, Texas, donde actualmente está asignado. Dichas medidas incluyen la suspensión de actividades pastorales y permanecer en resguardo mientras se desarrollan los procedimientos civil y canónico correspondientes. Este esquema, señaló la institución, se implementó tras recibir la notificación formal de las acusaciones.

Asimismo, la diócesis indicó que ha tratado cada paso del caso con “responsabilidad, privacidad y respeto a las víctimas”, destacando que mantiene abiertos sus canales de denuncia y reiterando su compromiso de fortalecer los protocolos de protección de menores en parroquias, centros de formación y todo espacio eclesial. Voceros reiteraron que los señalamientos deben ser atendidos con seriedad y que su posición institucional es de “cero tolerancia” ante cualquier acto de abuso.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa con la integración de la carpeta. Personal ministerial confirmó que ya se recopiló la declaración inicial del denunciante, así como referencias de personas que pudieran proporcionar contexto adicional. También se solicitó colaboración a la diócesis de Laredo para garantizar la comparecencia del sacerdote cuando sea requerido por la autoridad mexicana.

Las siguientes etapas de la investigación incluirán dictámenes psicológicos, recopilación de información documental y entrevistas a responsables eclesiásticos que pudieran aportar datos sobre la trayectoria del sacerdote en 2007. Una vez concluidas estas diligencias, se determinará si existen elementos suficientes para judicializar el caso.

Por ahora, el denunciante pide que su testimonio sea tomado con la seriedad necesaria, pues afirma que busca justicia no solo por su caso, sino para que cualquier persona que haya vivido una situación similar tenga la confianza de denunciar.

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