Fiscal de Michoacán desmiente que ‘El Licenciado’ haya sido torturado durante su detención

El fiscal de Michoacán rechazó las denuncias de tortura hechas por Jorge Armando ‘N’, asegurando que su detención fue legal y conforme a los protocolos establecidos.

El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, negó categóricamente que ‘El Licenciado’ fuera víctima de tortura durante su captura y afirmó que el procedimiento se realizó en flagrancia y bajo estrictos protocolos de seguridad.

Versión oficial sobre la detención

Durante una conferencia de prensa, Torres Piña sostuvo que las acusaciones del imputado son “mentiras”, respaldando su afirmación con documentos firmados por Jorge Armando ‘N’ al momento de su traslado al penal de El Altiplano, donde aseguró no haber sido golpeado ni torturado.

De acuerdo con la Fiscalía, el detenido tenía en su posesión un arma de fuego, droga y presuntamente intentó sobornar a los agentes con diez mil dólares, elementos que, según la autoridad, refuerzan la legalidad del operativo.

Denuncias del detenido ante tribunales

En la audiencia del miércoles, ‘El Licenciado’ declaró ante el juez que fue sometido a amenazas, golpes y tortura por parte de agentes encapuchados. También señaló que no se le permitió comunicarse con su familia ni con su defensa durante las primeras horas tras su detención, pese a la presentación de un amparo.

Estas acusaciones contrastan con la postura oficial y podrían convertirse en un punto clave del proceso, pues especialistas han señalado la necesidad de revisar estos señalamientos bajo estándares internacionales.

Proceso judicial en curso

A pesar de las denuncias, la Fiscalía afirma que no existen indicios que respalden la versión del imputado. El caso avanza en tribunales federales, donde se definirá la situación jurídica de Jorge Armando ‘N’, acusado de delincuencia organizada, portación de arma de fuego y presuntos actos de corrupción contra elementos de seguridad.

Mientras la defensa insiste en vulneraciones a los derechos humanos, la autoridad estatal sostiene que el procedimiento fue legal y está documentado, anticipando un proceso complejo en el que las versiones enfrentadas serán determinantes.

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