Filtración de datos de personas con VIH en Vallarta desata indignación
La filtración de datos personales de personas con VIH en Puerto Vallarta generó denuncias penales, renuncias y una ola de exigencias de justicia y reparación.
Organizaciones civiles denunciaron la filtración de información confidencial de personas con VIH en el Comité Municipal para la Prevención del Sida (Comusida) de Puerto Vallarta, luego de que los datos habrían sido entregados por una funcionaria a una universidad privada, generando una crisis de confianza y violaciones a los derechos humanos.
Filtración de datos sobre VIH en Vallarta: denuncian violación a derechos humanos
La filtración de datos personales de personas con VIH ocurrida en Comusida ha causado indignación en la sociedad civil y fue calificada como un atentado a la dignidad y confidencialidad médica. La información habría sido compartida con una universidad privada en el marco de un convenio académico, lo que generó denuncias penales, quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y exigencias de medidas de no repetición.
Organizaciones civiles afirman que este tipo de filtraciones agravan la estigmatización, y pueden derivar en discriminación, acoso y violencia contra personas con VIH. Además, señalaron que este no es un caso aislado, sino un reflejo de fallas estructurales en la gestión de datos dentro del sistema de salud.
La entonces coordinadora de Comusida, Leticia Enedina, fue señalada como responsable de entregar la información, y aunque negó haber entregado una base de datos completa, renunció a su cargo tras asumir la responsabilidad.
Renuncia de funcionaria y reacción institucional limitada
La Oficial Mayor Administrativa del municipio, Lucía Carmina Michel, confirmó la renuncia de Enedina el pasado viernes. Según trascendió, una estudiante en servicio social habría tenido acceso a datos sensibles de pacientes con resultado positivo en pruebas rápidas de VIH durante actividades con Comusida.
Víctor Manuel Espíndola, presidente del Movimiento por la Igualdad en México, criticó la falta de respuesta institucional ante este incidente y subrayó que la descoordinación en temas de prevención, diagnóstico y tratamiento ha propiciado un entorno de vulnerabilidad para las personas con VIH.
“La información médica es confidencial por ley, y en casos como el VIH, su filtración puede provocar acoso, hostigamiento o violencia institucional”, advirtió Espíndola.
Exigen sanciones penales y Consejo Municipal de prevención
Las organizaciones civiles que acompañan a las víctimas exigen sanciones penales y administrativas contra los responsables, una disculpa pública a las personas afectadas, y medidas estructurales que impidan que se repita una situación similar.
Entre sus demandas también se incluye la creación de un Consejo Municipal de Prevención y Respuesta al VIH, que articule esfuerzos entre autoridades locales, estatales y la sociedad civil organizada, para garantizar el respeto y la protección de los derechos de las personas con esta condición de salud.
Advirtieron que el sistema de salud pública solo contempla cifras de personas en tratamiento, dejando fuera a quienes están fuera del sistema oficial o reciben atención en instituciones privadas u organizaciones no gubernamentales, lo cual refleja una realidad fragmentada y sin coordinación.
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