Familias desplazadas en Oaxaca piden ayuda para construir viviendas tras 5 años

Treinta familias desplazadas por la violencia en la Sierra Sur de Oaxaca sobreviven en un terreno baldío sin servicios desde 2020 y exigen apoyo gubernamental para construir viviendas.

Treinta familias originarias de la comunidad Río Santiago, en el municipio de Santiago Textitlán, Oaxaca, conmemoran cinco años de desplazamiento forzado tras huir de una violenta incursión armada, y ahora sobreviven en un terreno baldío sin servicios básicos, donde instalaron lonas y casas de campaña, mientras claman a los tres niveles de gobierno apoyo para construir viviendas definitivas y justicia por los ataques que aún permanecen impunes.

Desplazamiento forzado tras ataque armado en la Sierra Sur de Oaxaca

Las familias huyeron en la madrugada del 20 de diciembre de 2020, cuando hombres armados de la comunidad vecina de Santiago Xochiltepec irrumpieron en Río Santiago, disparando por horas, saqueando bienes, robando ganado e incendiando casas. El conflicto, relacionado con disputas por recursos públicos y participaciones municipales, se agravó durante la administración del entonces gobernador Alejandro Murat Hinojosa, dejando también dos personas asesinadas.

Supervivencia precaria en refugio temporal sin servicios

Actualmente, las víctimas habitan un terreno estéril donado por un vecino en la cabecera municipal, donde carecen por completo de servicios de luz, agua y sanitarios. “Gracias a una persona que donó su terreno, ya no nos van a correr, pero necesitamos apoyo para hacer nuestras casas, porque solos no podemos”, manifestaron las familias, que han realizado múltiples movilizaciones y protestas ante instancias estatales sin obtener una respuesta integral.

Impunidad persiste pese a mesas de diálogo con autoridades

Pese a la instalación de mesas de trabajo entre las víctimas e instituciones gubernamentales, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca no ha informado avances en las investigaciones ni se han logrado detenciones por los hechos violentos de 2020. Las familias exigen justicia y un retorno seguro a su comunidad de origen, condiciones que hasta ahora no se han cumplido, prolongando una crisis humanitaria y de derechos humanos en la región.

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