El plebiscito de la Presidenta

La presidenta Claudia Sheinbaum quiere su plebiscito. Quiere pasar a la historia como la primera mandataria mexicana en lograr el porcentaje de votación vinculante para que las bases morenistas la ratifiquen como una heroína: la mujer más votada, la más vitoreada, la que consiguió incluso más apoyo electoral que su mentor político y ahora también la que consiga una validación política sin precedentes. Eso quiere y los legisladores de su partido y aliados están dispuestos a modificar las leyes y la Constitución para otorgárselo.

Si todo sale conforme a lo esperado, Sheinbaum, con niveles de aprobación superiores al 70%, aparecerá en la boleta de las elecciones intermedias de 2027, un fenómeno electoral inédito en la historia moderna de México. Solamente en sistemas presidenciales comparables —como Venezuela con Hugo Chávez en 2004, Ecuador con Rafael Correa en 2011 o Bolivia con Evo Morales en el 2000— las consultas de ratificación o revocación coincidieron con procesos electorales y se convirtieron en instrumentos de legitimación masiva más que de evaluación democrática, reforzando el control político del oficialismo y prolongando su hegemonía legislativa.

En el caso mexicano, si además se redujera el umbral de participación del 40% al 30%, como se prevé, el escenario sería aún más significativo. Con la maquinaria territorial de Morena y la alta popularidad de Sheinbaum, el voto de ratificación superaría con facilidad el piso legal, convirtiendo un mecanismo de control ciudadano en una poderosa herramienta de consolidación institucional. Sheinbaum no solo validaría su mandato con más de 30% del padrón —unos 28 millones de votantes—, sino que lo haría en una jornada donde Morena competiría por la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados y en 17 gubernaturas.

La revocación, entonces, se transformaría en una reafirmación plebiscitaria del régimen, con implicaciones simbólicas y prácticas. La presidenta saldría políticamente fortalecida, su base territorial se cohesionaría y la oposición enfrentaría el dilema de participar en una elección cuyo resultado podría ser leído como un voto de confianza nacional al proyecto de gobierno. En términos institucionales, equivaldría a dotar al Ejecutivo de una nueva legitimidad de mitad de sexenio, algo que muy pocos sistemas democráticos modernos se permiten.

La iniciativa del vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, para adelantar la consulta de revocación de mandato presidencial al año 2027 y hacerla coincidir con las elecciones intermedias federales, ha abierto uno de los debates políticos más intensos del sexenio. Morena sostiene que la medida permitiría un ahorro de alrededor de 5 mil millones de pesos, al compartir la logística y estructura del Instituto Nacional Electoral; la oposición, en cambio, advierte que detrás de ese argumento de eficiencia se oculta la jugada política de colocar a Sheinbaum en la boleta al mismo tiempo que los candidatos de su partido, aprovechando su elevada popularidad para asegurar el control legislativo rumbo a la segunda mitad del sexenio.

En la revocación de mandato de 2022, del expresidente López Obrador, participó apenas el 17% del padrón electoral, muy por debajo del 40% necesario para que el resultado fuera vinculante. Desde entonces, Morena sostiene que el umbral es excesivo y que limita la democracia participativa, mientras los críticos advierten que reducirlo o empatarlo con las elecciones intermedias desvirtúa el objetivo original del mecanismo.

Además, el argumento financiero no convence. En 2021, el INE estimó un presupuesto de 3 mil 830 millones de pesos para la consulta de 2022, aunque en su solicitud global de ese año incluyó 5 mil 743 millones de pesos para “una eventual Revocación de Mandato y una Consulta Popular”. El Congreso, sin embargo, aprobó una partida mucho menor y el costo final reportado fue de aproximadamente mil 692 millones de pesos.

El proyecto ya fue turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales, pero su avance se ha detenido ante la oposición de Movimiento Ciudadano, el PRI y el PAN, que piden revisar su constitucionalidad. Incluso dentro de Morena hay quienes prefieren posponer el debate. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, es uno de ellos. Por su parte, Ramírez Cuellar, cercano a la presidenta, está haciendo todo para que salga este mismo año.

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