El Grupo Tabasco y la corrupción en el INDEP

Mientras en Palacio Nacional y en Morena buscan desmarcarse del alicaído grupo político de Adán Augusto López –que lidera una facción del Grupo Tabasco–, los tentáculos del exsecretario de Gobernación y aún presidente de la Jucopo en el Senado siguen operando con fuerza dentro del gobierno federal. Uno de los muchos casos que se están documentado tiene que ver con el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), esa dependencia que en teoría nació para combatir la corrupción, pero que en los hechos se ha convertido en su mejor escondite. Desde hace meses, en los pasillos del INDEP se habla abiertamente de las decisiones que se toman desde Tabasco. El hilo lleva a Mónica Fernández Balboa, exsenadora, exaspirante a la gubernatura, del grupo de Adán Augusto López y hoy figura clave en la operación de contratos dentro del Instituto. Y como muchas de las historias de esta y la pasada administración, el guion se repite: licitaciones amañadas, empresas fantasma, contratos inflados y moches. El caso más reciente y escandaloso es el de una adjudicación directa disfrazada de “invitación restringida” (folio IA-06-HKA-006HKA999-N-83-2025), mediante la cual el INDEP entregó un contrato por mil 173 millones de pesos a Atlantis Operadora de Salud (OMA), empresa conocida por su historial de contratos sospechosos en varias dependencias del sector salud. Esta misma firma había sido desechada semanas antes en una licitación abierta (N-70-2025), tras detectarse que presentó propuestas duplicadas en contubernio con SAVITAR, otra empresa de su propio grupo. La evidencia era contundente: hojas membretadas cruzadas, documentos duplicados y una clara intención de simular competencia. La denuncia llegó al Órgano Interno de Control del INDEP, pero en lugar de quedar vetados, los mismos protagonistas fueron invitados de nuevo y, para sorpresa de nadie, ganaron. ¿Quién validó el proceso? El equipo de Mónica Fernández, encabezado por Salim Arturo Orci Magaña, quien dirige la Dirección Corporativa de Liquidación. Lo más grave es que la empresa presentó una licencia sanitaria supuestamente expedida por la Cofepris para servicios de medicina nuclear, a nombre del Centro Oncológico Internacional (COI), el cual ni tiene esa licencia ni presta esos servicios. Para colmo, el contrato que anexaron con el COI-CART también era falso: la institución había otorgado su respaldo exclusivo a otra empresa. Aun así, la adjudicación avanzó. Los servicios están destinados a atender a jubilados de empresas del Estado extintas, como Banrural, Luz y Fuerza del Centro o el Banco de Comercio Interior. Pero en realidad, lo que se mueve detrás es un jugoso negocio para financiar estructuras políticas y sostener lealtades. Fuentes internas aseguran que el “moche” de este contrato fue del 15%, lo que equivale a más de 176 millones de pesos, una suma que, según dicen dentro del propio INDEP, irá a parar en parte al grupo de Adán Augusto, en calidad de cuota de protección, y el resto para Fernández Balboa y su equipo, quienes se sienten intocables gracias a su cercanía con exfuncionarios de la Secretaría de la Función Pública –hoy Secretaría de Buen Gobierno–, que encabeza Raquel Buenrostro, y de la Auditoría Superior de la Federación, a cargo de David Colmenares. La historia es de escándalo, pero no es nueva. En 2022 y 2023, documenté en esta misma columna cómo OMA y su red de empresas habían sido beneficiadas por contratos multimillonarios en el IMSS, ISSSTE y otras dependencias, muchas veces con documentos apócrifos y con una operación basada en el cobro de comisiones ilegales. Claudia Sheinbaum, quien heredó un aparato con estructuras viciadas y grupos enquistados, tendrá que decidir si se atreve a cortar estos tentáculos o si, como ha sucedido en gobiernos anteriores, termina administrando la podredumbre. Porque mientras el INDEP siga siendo un botín político y económico, lejos de devolverle algo al pueblo, lo seguirá robando.

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