El golpe de los 60 mil millones a los bancos y las fintech

El sistema financiero mexicano está por experimentar uno de los ajustes regulatorios más profundos de los últimos años. La nueva normativa de pagos con tarjeta, emitida por el Banco de México (Banxico) y ejecutada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), modificó las Cuotas de Intercambio (CI), lo que reduce de manera drástica los ingresos que los bancos y las fintech obtienen por cada transacción con tarjeta.

Los estudios internos elaborados por las propias instituciones bancarias y por consultoras del sector estiman que el impacto económico oscila entre 43 mil 500 y 60 mil 900 millones de pesos anuales, dependiendo del tipo de transacción y del porcentaje de participación de las tarjetas de crédito y débito en el volumen total. El nuevo techo regulatorio fija un máximo de 0.31% para operaciones con tarjetas de débito y 0.61% para crédito, además de un límite de una UDI por operación, lo que en la práctica reduce entre 55% y 80% los ingresos promedio de los emisores.

La medida responde a un mandato de competencia derivado de las investigaciones de la Cofece, que desde 2018 había advertido la falta de competencia efectiva entre las dos grandes redes procesadoras: Prosa y E-Global, ambas controladas por bancos. El objetivo de Banxico es incentivar la reducción de costos a los comercios y ampliar la aceptación de pagos digitales, pero el ajuste también expone un modelo de negocio que durante años generó rentas excesivas para las instituciones financieras, con tasas y comisiones que en muchos casos duplicaban el promedio regional.

A la decisión del banco central se suma la operación técnica y administrativa de la CNBV, donde la Vicepresidencia de Supervisión de Banca de Desarrollo y Finanzas Populares, encabezada por Lucía Buenrostro, diseñó la estructura de cumplimiento que da forma al nuevo esquema. Los reportes I-2491, I-2492 e I-2493 exigen a bancos y fintech reportar información transaccional diaria, a nivel de operación individual, incluyendo costos, ingresos y desglose de cada concepto.

Este sistema de vigilancia busca transparentar los flujos del ecosistema de pagos, pero también implica una carga tecnológica y operativa sin precedentes. Instituciones medianas y neobancos deberán invertir decenas de millones de pesos en sistemas de “RegTech”, “Big Data” y ciberseguridad para cumplir con los requisitos.Previo a la entrada en vigor de los topes, el monto anual generado por las Cuotas de Intercambio rondaba los 78 mil 880 millones de pesos, distribuidos principalmente entre los grandes emisores. Con el nuevo modelo, los ingresos se reducen en más de 50 mil millones de pesos, un traslado de rentabilidad hacia los comercios que, según Banxico, debería traducirse en menores tarifas y precios más competitivos.

Sin embargo, la banca advierte efectos secundarios. La Asociación de Bancos de México (ABM) señaló que la medida “impone un control de precios” que puede inhibir la innovación y frenar la competencia, al establecer topes fijos en lugar de permitir que el mercado defina las tarifas por oferta y demanda. Según el gremio, la medida afectará principalmente a los emisores pequeños y fintech, que basaban su modelo en programas de recompensas, cuentas sin comisión y esquemas de cashback.

La ABM también advierte que, ante la reducción de ingresos por interchange, los bancos podrían ajustar anualidades, tasas de interés o beneficios, lo que impactaría directamente al consumidor. En otros países donde se aplicaron medidas similares —como Estados Unidos o Australia— los precios al comercio bajaron, pero los costos al usuario final aumentaron, lo que moderó los beneficios netos del cambio.

Del lado de las autoridades, el argumento es que los ahorros para comercios y consumidores serán mayores en el mediano plazo, conforme la competencia presione a los adquirentes a reducir la Tasa de Descuento (TD) que pagan los establecimientos. También se busca fomentar la interoperabilidad entre redes, mejorar la transparencia en los estados de cuenta y abrir espacio a nuevos participantes tecnológicos. 

El trasfondo político de la reforma también llama la atención. La participación de Lucía Buenrostro, hermana de la extitular del SAT y actual secretaria de Anticorrupción y Buen gobierno, Raquel Buenrostro, ha sido determinante. Desde la CNBV ha impulsado una política de supervisión basada en datos, similar a la estrategia de control fiscal que su hermana aplicó en el SAT: más reportes, más trazabilidad y menos discrecionalidad.

La pregunta es si los beneficios llegarán realmente a los consumidores. Por ahora, el sistema financiero mexicano se prepara para absorber un golpe de 60 mil millones de pesos que marcará el inicio de una nueva etapa; más transparente, pero también más controlada y exigente… a menos que los cabilderos de empresas de EU y Europa logren evitar la medida.

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