El fantasma de Sergio Carmona

En medio de lo que ya es considerada la mayor conspiración político-criminal para saquear al erario federal con casi 600 mil millones de pesos por las importaciones clandestinas de huachicol fiscal desde Estados Unidos en el pasado sexenio, el fantasma del empresario que manejó originalmente este esquema de evasión de impuestos desde las aduanas de Reynosa y Matamoros resurge de ultratumba para recordar que su asesinato, en una barbería de San Pedro Garza García, el 22 de noviembre de 2021, sigue impune y nunca se investigó a fondo quién ordenó su ejecución realizada por tiradores profesionales que lo mataron mientras le cortaban el pelo, en un crimen del que no quedó ningún registro en video ni ningún testigo, a pesar de que ocurrió en el municipio más videovigilado de México.

Y es que Carmona y su casi perfecta ejecución, que no dejó rastro alguno ni se esforzaron mucho por investigar en la Fiscalía de Nuevo León, recuerda más a una operación de Estado que a un crimen del narcotráfico, no sólo por la forma en que se deshicieron del empresario que había financiado las campañas de Morena en al menos cinco estados de la República y que operaba con la total protección e impunidad que le brindaban desde el gobierno federal, que le había “concesionado” desde el arranque del sexenio del presidente López Obrador, la aduana de Reynosa para que fuera operada por él y por su hermano Julio Carmona Angulo, cuando el director de Aduanas Nacionales era Ricardo Peralta.Entre 2018 y hasta su muerte en 2021, Sergio Carmona pasó de ser un empresario y contratista menor del gobierno de Tamaulipas, en el sexenio del panista Francisco García Cabeza de Vaca, a convertirse en el creador de un emporio huachicolero que le generaba ingresos millonarios, lo que le valió el mote del “Rey del Huachicol”, algo que logró por su habilidad para el negocio ilegal, pero también por la protección que le otorgaban desde las áreas de inteligencia militar del gobierno lopezobradorista, a donde él siempre decía que se “reportaba” con “el de las botas” en referencia a un general retirado del Ejército al que ubicaba como su “jefe” y quien controlaba el negocio huachicolero desde el gobierno federal.

Mientras apoyó a Morena con generosas sumas de dinero, lo mismo para financiar campañas de alcaldes y diputados tamaulipecos, como para impulsar a cinco candidatos a gobernadores en las elecciones de 2021, Carmona fue un empresario útil para el sistema, que ayudó a consolidar el crecimiento del partido oficial en los estados. Su relación cercana con el hoy alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González, quien en aquellos años era presidente de la Comisión de Presupuesto de San Lázaro, lo llevó a tener una relación cercana con la dirigencia nacional morenista que encabezaba Mario Delgado, quien llegó a utilizar sus camionetas y hasta sus aviones para sus giras por Tamaulipas, algo que también les daba a varios alcaldes de ese estado.Pero cuando el perfil de los hermanos Carmona Angulo, especialmente de Sergio se volvió muy mediático y su nombre comenzó a aparecer en reportajes y columnas periodísticas, su figura y su actividad huachicolera se volvieron demasiado visibles y sus conexiones políticas con Morena comenzaron a llamar la atención no sólo de la prensa mexicana sino también del gobierno de Estados Unidos que abrió un expediente en el ICE para investigar la actividad criminal del empresario tamaulipeco y sus vínculos financieros con el partido gobernante en México.

Carmona pasó entonces de ser un “generoso financiero” a convertirse en un “personaje de alto riesgo” para Morena y para el gobierno lopezobradorista. Unas semanas antes de que fuera ejecutado en Nuevo León, el empresario huachicolero le había revelado a personas cercanas de su equipo que se había reunido con capos de algunos cárteles de la droga, a saber con los de Sinaloa y los del Golfo, y que buscaba insistentemente reunirse con la gente de Nemesio Oseguera “El Mencho”, porque, según les dijo a sus amigos, “les estoy proponiendo un acuerdo de paz” que le había pedido negociar su jefe “el de las botas”.

Hay incluso una versión que surge también de su círculo más cercano, que afirma que antes de morir, Sergio Carmona ya había sido contactado por agentes del gobierno de los Estados Unidos que le habían informado de la investigación abierta en su contra y le habían ofrecido hacer un acuerdo de colaboración para que diera información sobre sus actividades criminales, sus millonarias ganancias y los presuntos financiamientos a campañas oficiales en México. El contacto se había producido ya en San Pedro Garza a donde él se había ido a vivir y donde, unos días después, la tarde de aquel 22 de noviembre, lo sorprendieron las balas de dos tiradores que le dispararon en la cabeza y el cuello, mientras él estaba relajando en la silla de la peluquería.

Con todo y las casi 3 mil cámaras de videovigilancia que tiene el municipio de San Pedro Garza, monitoreando sus principales calles y avenidas, no se conoció nunca un video o un seguimiento en el sistema de vigilancia del área Metropolitana de Monterrey donde existen en total casi 12 mil cámaras, contando las de San Pedro. No hubo testigos más allá de quienes presenciaron el brutal asesinato en la barbería.

Lo que siguió después de su asesinato fue una investigación casi sigilosa y totalmente hermética de las autoridades de la Fiscalía de Nuevo León que, en medio de presiones y reclamos por la falta de información, nunca arribaron a alguna conclusión sobre los asesinos materiales e intelectuales y archivaron el caso sin darle mayor importancia. Se sabe, por ejemplo, que un periodista de un medio de Monterrey, que había seguido de cerca la investigación y estaba revelando información, fue reconvenido por su editor que le pidió que ya no siguiera el tema “porque tenemos instrucciones de no publicar más de ese caso”.

A Carmona claramente lo eliminaron para silenciarlo, porque se había vuelto un peligro para quienes lo protegían políticamente, pero también para arrebatarle el millonario negocio que había construido con la importación ilegal de combustibles a través de las estratégicas aduanas tamaulipecas. El portal Código Magenta, que dirige el periodista Ramón Alberto Garza, publicó un reportaje en el que sostenía que, tras el asesinato de Sergio Carmona, quién heredó el negocio huachicolero en Reynosa fue Angel Arnoldo Ramírez Salinas, empresario tamaulipeco con nacionalidad mexicana y estadounidense, quien mantuvo las conexiones de la Aduana de Reynosa y las ligas políticas de Carmona.

Ramírez Salinas tenía como registro de su domicilio la calle 9 No. 590 B, que era la misma dirección con la que Sergio Carmona y su esposa Perla McDonald dieron de alta en el año 2011 a su empresa Grupo Industrial Permart, S.A. de C.V., lo que confirmaba que él había continuado al frente de los negocios del empresario asesinado. Pero Angel Arnoldo también tuvo un final trágico: el pasado 26 de abril el vehículo en el que viajaba en la carretera de Guadalajara a Colima se desbarrancó provocando la muerte del empresario y su acompañante. En Colima, según información que manejaban en el gobierno federal, vivió Julio Carmona Angulo, quien se mudó a ese estado tras la muerte de su hermano, antes de convertirse en testigo colaborador del gobierno de Estados Unidos.

Justo en las fechas en que murió Angel Arnoldo, el FinCEN del Departamento del Tesoro de Estados Unidos había emitido un informe detallado en el que documentaba cómo operaba el negocio del “huachicol fiscal” a través de las importaciones ilegales de petróleo crudo que era llevado a Texas para su refinación y que después regresaba a México convertido en gasolinas que eran introducidas por las Aduanas mexicanas como “aceites” u otras sustancias, todo en coordinación y complicidad entre las autoridades aduanales y los cárteles de la droga mexicanos.

Lo que pasó a partir de 2021, tras la muerte de Carmona, fue un cambio importante en el negocio millonario del huachicol fiscal, que empezó a ser manejado desde el propio gobierno federal que lo amplió ya no sólo a las aduanas terrestres de Tamaulipas, Nuevo León y Chihuahua, sino a las marítimas y ahí la operación se le encargó a la Secretaría de Marina, que creó toda una red de contrabando de combustibles a través de los puertos de Guaymas, Sonora; Dos Bocas, Tabasco; Manzanillo, Colima, donde también los marinos controlaban todo tipo de contrabando, y en los puertos de Tampico y Altamira, por donde entraron hasta 14 buques tanques en los últimos meses, aunque se presume que fueron muchos más en el sexenio pasado.

Hoy, lo que ven con asombro los mexicanos, es apenas la punta del “iceberg” de lo que ocurrió con el negocio multimillonario del huachicol fiscal administrado y operado desde el gobierno, con la participación directa de la Marina, que tenía como operadores visibles a los hermanos Farías Laguna, sobrinos del almirante secretario Rafael Ojeda, pero que tenía también la protección desde las más altas esferas militares, navales y políticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y ante todo eso es inevitable revivir al fantasma de Sergio Carmona y preguntar, a casi cuatros años de su ejecución no investigada ni aclarada: ¿quién ordenó su muerte, quién la ejecutó y quienes fueron los herederos finales del millonario negocio del contrabando de combustibles en México que nos ha dejado el desfalco más grande en la historia con más de medio billón de pesos? Y en la respuesta a esa pregunta, todos los caminos llevan hacia el Palacio Nacional.

NOTAS INDISCRETAS… Días violentos los que se viven en México. A la desaparición y asesinato de dos colombianos que aparecieron desmembrados, se sumó el mismo día el homicidio de un estudiante de 16 años en el CCH Sur a manos de otro estudiante que lo atacó con una guadaña. Y como la violencia no distingue orígenes, niveles sociales o privilegios políticos, ayer se informó del robo de una camioneta, a punta de pistola en Culiacán, a una sobrina del gobernador Rubén Rocha Moya. Y curiosamente mientras la violencia sacude todos los días al país, ayer en la comparecencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, poco se habló de esta grave problemática. La funcionaria encargada de la gobernabilidad del país fue a presentar un panorama idílico sobre la seguridad y los logros del gabinete de seguridad de la doctora Sheinbaum. Si bien la seguridad ya no es responsabilidad de su dependencia, a la titular de Segob se le fue su discurso en elogiar los programas sociales, el crecimiento demográfico de México y “la transformación que avanza”, según dijo ella. Mientras los diputados de oposición le pusieron enfrente un enorme cartelón que le recordaba que en México hay “110 mil desaparecidos”, la mayoría de ellos, el 42% jóvenes de entre 14 y 29 años de edad. Y cuando la violencia desaparece y asesina precisamente a los jóvenes mexicanos —a los que por cierto el gobierno no los busca con la rapidez y eficacia con la que encontró a los dos colombianos asesinados— la secretaria Rosa Icela sólo dijo que “jóvenes que antes no tenían opciones para acceder a becas, hoy acceden a los apoyos de los programas del bienestar”. Y luego se puso a repetir las cifras de decomisos de armas y de otros datos que se dan en las mañaneras, para al final rematar con una frase que dibuja de cuerpo entero el achicamiento de la que antes fuera la poderosa Segob, hoy convertida en un apéndice del aparato político del gobierno que se dedica a apagar fuegos: “La Secretaría de Gobernación hace su tarea como puente de diálogo entre las instituciones del Estado, el Poder Legislativo y la ciudadanía. Atendemos conflictos de una gran diversidad de temas como disputas comunitarias, controversias agrarias, bloqueos en vías de comunicación, tensiones por proyectos de infraestructura, solicitudes de servicios básicos, garantizando que las demandas sociales tengan una resolución”, dijo la secretaria que dijo haber atendido en este primer año de gobierno mas de 2,900 controversias y movilizaciones sociales. Curiosamente los bloqueos de carreteras, de calles y avenidas en la Ciudad de México y de conflictos de todo tipo no han cedido y también, más que extrañamente, la secretaria se le olvidó mencionar que ella también es responsable del diálogo con la oposición política, a la que ni siquiera mencionó y mucho menos escucha. En fin que con ese desempeño tan pobre, que ella misma describe más bien como gestora de conflictos más que de gobernanza, no se ve nada fácil que a la señora Rosa Icela le alcance para mucho en sus aspiraciones para ser gobernadora de San Luis Potosí… Ricardo Salinas Pliego ya pagó los impuestos que debía, pero no en México sino en Estados Unidos, donde ayer el empresario mexicano hizo un pago de 25 millones de dólares, por concepto de fianza, para evitar ser detenido en el vecino país, luego de que fuera declarado en desacato por no atender la denuncia de la empresa de telefonía AT&T que le compró Iusacell en 2014 y que lo denunció por no haberle pagado impuestos que adeudaba al momento de esa venta. En fin, que mientras Salinas Pliego el lunes escribió en las páginas de EL UNIVERSAL que él no se niega a pagar los impuestos que debe en México, pero que sólo pagará lo justo y lo que debe, que dice que son 10 mil millones de pesos, tal y como acordó con el expresidente López Obrador, en la Suprema Corte de Justicia, nos dicen, ya se empezó a mover su amparo que podría ser discutido antes de que finalice el año y el en que ya no habría los impedimentos por los conflictos de interés que argumentó el empresario en contra de algunos de los anteriores ministros, aunque aún está el caso de Lenia Batres, que había sido solicitada como “impedida” para participar en esa discusión por los abogados del empresario. Veremos qué avanza más rápido, si el análisis y discusión del amparo de Ricardo Salinas en la nueva Corte o la creación de su movimiento político que ya anunció y al que empieza a darle forma con miras al 2030… Se detienen los dados. Serpiente Doble.

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