Ejidatarios de Santa María preparan denuncia formal contra minera por daños ambientales y sociales graves
Ejidatarios de Santa María anuncian denuncia formal contra minera Tapalina México por daños ambientales y sociales tras más de 20 años de explotación.
Ejidatarios del poblado Santa María, en Sabinas, Coahuila, liderados por Ramiro Portales, presentarán en agosto una denuncia formal contra las empresas Materiales Industrializados y Tapalina México, por daños provocados desde 2002 debido a la falta de negociación y el incumplimiento de contratos.
Ejidatarios de Santa María anuncian demanda formal contra minera Tapalina México
Los ejidatarios de Santa María han agotado las vías conciliatorias con la empresa minera Tapalina México y su predecesora Materiales Industrializados, responsables de la explotación minera en la zona desde el año 2002. Representados por los abogados Rafael Cruz Ramírez y Héctor Ramón Castañeda, los comuneros anunciaron que interpondrán una denuncia formal en los primeros días de agosto, una vez finalizadas las vacaciones judiciales.
Una comisión convocada para renegociar el contrato con la empresa no fue atendida, pues los representantes empresariales no asistieron ni enviaron justificación, lo que fue interpretado como una falta de respeto para el comisariado ejidal, el consejo de vigilancia y los más de 102 ejidatarios afectados.
Devastación ambiental y social
El ejido presenta daños significativos: estructuras habitacionales afectadas, contaminación del suelo y daños por el uso constante de explosivos como dinamita en zonas cercanas a viviendas. Ramiro Portales describió la situación como un “encasillamiento” que ha dejado al ejido “devastado” y con graves impactos sociales, ambientales y humanos.
Además, denuncian que el agua proveniente de las minas, destinada por convenio para el beneficio del ejido, ha sido desperdiciada durante años, afectando seriamente la agricultura y la vida local.
Acciones legales y administrativas
Los abogados detallaron que acudirán a tribunales civiles, agrarios y ambientales, además de solicitar la intervención de instancias como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Medio Ambiente y la SEDENA, especialmente por el manejo de explosivos.
“Buscamos la aplicación estricta de la ley y que se sancione el incumplimiento y los posibles delitos ambientales generados por la empresa”, aseguró el abogado Castañeda.
Búsqueda de negociación y próximos pasos
A pesar de la gravedad de los daños, los ejidatarios mantienen una postura abierta al diálogo. “Queremos resolver esto conforme a la ley y los usos legales, pero si la empresa no muestra voluntad, enfrentaremos un conflicto social fuerte”, advirtió Cruz Ramírez.
Las mujeres del ejido, que en su mayoría son jefas de familia, están activamente involucradas en la demanda de justicia. “Son 102 familias afectadas que dependen del campo y que están perdiendo su sustento”, explicó Portales.
Por último, se informó que ya se realizó una minuta con los hechos y se convocó a una Junta Ejidal Extraordinaria para definir las acciones legales y sociales a seguir. Las reuniones se mantendrán mensualmente hasta alcanzar una solución justa.
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