Disminuyen quejas contra corporaciones de seguridad en la frontera

"En comparación con el primer trimestre de 2024 contra 2025, se observa una reducción de un 21 por ciento"

Al cierre del primer trimestre de 2025, en la ciudad de Piedras Negras se registró una disminución significativa en el número de denuncias ciudadanas presentadas contra instituciones de seguridad pública y otras dependencias gubernamentales. Según información proporcionada por Manuel Isaac López Soto, titular de la Tercera Visitaduría de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), se contabilizaron 56 quejas entre los meses de enero y marzo, lo que representa una baja con respecto a las 71 denuncias registradas en el mismo periodo del año anterior.

Esta reducción se traduce en una caída aproximada del 21% en el número total de denuncias. Si bien las cifras parecen positivas en términos generales, López Soto señaló que no se puede determinar con certeza si esta baja se debe a una mejor actuación de las autoridades, a una mayor conciencia sobre los derechos humanos dentro de las corporaciones, o si por el contrario, los ciudadanos han optado por no presentar quejas formales y enfocarse en otras actividades debido a la falta de confianza en las instituciones.

Principales causas de denuncia en 2025
Durante los primeros tres meses del año, se documentaron un total de 77 voces de violación a los derechos humanos, siendo las más recurrentes las detenciones arbitrarias, con 16 casos. Estas se refieren a aprehensiones realizadas sin una orden de arresto, o bien por motivos administrativos no debidamente justificados.

Le siguen el ejercicio indebido de la función pública, con 12 denuncias, así como casos de dilación en la procuración de justicia (9) y prestación indebida del servicio público (8). Estos datos reflejan una preocupación constante de los ciudadanos sobre el actuar de las autoridades en situaciones de detención, investigación y atención en servicios públicos.

Comparativo con el mismo periodo de 2024
En contraste, durante el primer trimestre de 2024, las cifras mostraban un mayor número de denuncias, encabezadas por el ejercicio indebido de la función pública con 30 casos, seguido por 25 detenciones arbitrarias, 13 denuncias por lesiones y 11 por allanamiento de morada.

Este comparativo muestra una reducción importante en casi todas las categorías, particularmente en las que involucran a las corporaciones policiacas, aunque también revela que persisten patrones de conducta institucional que vulneran los derechos humanos, especialmente en áreas relacionadas con la seguridad y la procuración de justicia.

Dependencias más señaladas en 2025
Entre las instituciones más señaladas durante este primer trimestre, la Fiscalía General del Estado de Coahuila, delegación Norte 1, encabeza la lista con 18 quejas, de las cuales 10 fueron contra agentes del Ministerio Público y 8 contra la Policía de Investigación.

Le sigue la Policía Municipal de Piedras Negras, que acumuló 9 denuncias ciudadanas, una cifra que llama la atención por ser superior a la registrada por algunas instituciones estatales y federales.

Otras dependencias señaladas fueron el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con 5 quejas, el Programa Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (PRONNIF) con 5, la Secretaría de Educación con 4, y la Secretaría del Bienestar, que registró una sola denuncia.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que engloba a tres diferentes cuerpos policiacos, recibió 6 denuncias en total. En comparación, durante el primer trimestre de 2024, esta dependencia sumó 16 quejas, de las cuales 10 fueron contra la Policía Especializada, y 3 cada una contra la Policía de Acción y Reacción y la Policía Civil.

Conclusión
Si bien las cifras del primer trimestre de 2025 muestran una tendencia a la baja en las denuncias ciudadanas por presuntas violaciones a los derechos humanos, las autoridades y organismos de supervisión aún tienen tareas pendientes. La persistencia de denuncias por detenciones arbitrarias y ejercicio indebido de la función pública evidencia que, aunque hay avances, la confianza plena en las instituciones todavía no está consolidada.

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