Diputados avalan ley contra extorsión con penas de hasta 42 años
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la Ley General contra la extorsión, fijando penas de hasta 42 años de prisión para quienes cometan este delito.
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 450 votos a favor, la minuta que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. Con ello, el Congreso da un paso clave para endurecer las sanciones por extorsión en todo el país.
Penas más severas y tipo penal federal
La nueva norma establece un tipo penal único para la extorsión a nivel nacional, con sanciones que van de 15 a 25 años de prisión como base, acompañadas de multas equivalentes a 300 a 500 veces el valor diario de la UMA. En casos agravados como cobro de piso, extorsión a migrantes o menores, “montachoques” u otras situaciones agravantes, la pena puede elevarse hasta 42 años de cárcel.
Se mantiene sanción a servidores públicos que encubrían extorsión
Durante la discusión, se rechazó una modificación promovida por el diputado Ricardo Monreal que pretendía reducir las penas para funcionarios públicos acusados de encubrimiento. La versión final de la ley remite esas responsabilidades a un marco más estricto, buscando evitar impunidad en casos de corrupción o complicidad.
Delito perseguible de oficio y coordinado entre autoridades
La ley contempla que la extorsión sea investigada de oficio, sin necesidad de denuncia formal, y establece mecanismos de coordinación entre los tres niveles de gobierno para prevención, investigación y sanción. De esta manera, se busca cerrar las lagunas legales que permitían a los delincuentes operar con impunidad.
Adaptación a nuevas modalidades de extorsión
El marco normativo amplía la definición del delito para incluir modalidades modernas como extorsión telefónica, ciber-extorsión y sextorsión, facilitando su persecución incluso cuando no hay contacto físico entre victimario y víctima.
Reacción legislativa y camino al Senado
Tras la aprobación en la Cámara de Diputados, la minuta pasó al Senado de la República para sus efectos constitucionales. En ese órgano se esperan nuevas discusiones sobre su implementación y posibles ajustes antes de su publicación definitiva.
Con esta decisión, el Congreso refuerza su combate contra la extorsión, un delito que afecta a comerciantes, familias y negocios en México, y que en muchas ocasiones quedaba impune por deficiencias legales. La nueva ley busca homologar sanciones, adaptarlas a realidades modernas y garantizar que los responsables enfrenten consecuencias más duras.
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