Difunden video íntimo de funcionaria en Cansahcab; investigan filtración
Hasta el momento, las autoridades no han identificado a la persona que compartió el video ni el origen exacto del material.
Un video íntimo de 11 minutos que muestra a una funcionaria del Ayuntamiento de Cansahcab, Yucatán, circula desde hace unos días en grupos de WhatsApp, provocando indignación y llamados a respetar la privacidad de la afectada.
Hasta el momento se desconoce quién difundió el material ni cómo lo obtuvo, aunque versiones locales apuntan a que pudo haberse filtrado tras la pérdida o reparación del teléfono celular de la trabajadora.
El Ayuntamiento de Cansahcab emitió un comunicado oficial en sus redes sociales para manifestar apoyo a la funcionaria y condenar la difusión no consentida del contenido. En el mensaje, se exhortó a la ciudadanía a no compartir el video y se confirmó que se buscará a los responsables con base en la Ley Olimpia, que sanciona la violencia digital y la divulgación de material íntimo sin consentimiento.“Reprobamos toda forma de violencia digital y respaldamos a nuestra compañera. Las autoridades competentes investigarán este hecho conforme a la ley”, señala el comunicado.
La Ley Olimpia, vigente en Yucatán desde 2021, reconoce y castiga delitos como la difusión de imágenes íntimas, el acoso cibernético y la sextorsión, con penas que pueden ir de tres a seis años de prisión. Su objetivo es proteger la privacidad, dignidad e integridad de las personas frente a agresiones digitales.
Por su parte, el alcalde Wilver Llanes Chan declaró que la filtración podría tener fines políticos, al considerar que forma parte de una serie de ataques dirigidos contra su administración en el contexto previo al proceso electoral 2027–2030.“Este hecho busca dañar la imagen del Ayuntamiento y de nuestra gestión”, expresó el edil en declaraciones a medios locales.
Hasta el momento, las autoridades no han identificado a la persona que compartió el video ni el origen exacto del material.
El caso ha generado una ola de apoyo en redes sociales, donde colectivos feministas y usuarios piden respeto y justicia digital para la víctima, subrayando que la difusión de contenido íntimo sin consentimiento es un delito, no un escándalo.
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