Derechos inclusivos existen, pero la brecha laboral persiste
La actualización del panorama sobre la población con discapacidad en Piedras Negras combina los datos del Censo 2020 y la información estatal 2025 difundida por el INEGI. Aunque las cifras municipales nuevas aún no se publican, los indicadores disponibles permiten observar tendencias, necesidades y desafíos en inclusión social y laboral.
Panorama local con base en el Censo 2020
La información más completa sobre la población con discapacidad en Piedras Negras proviene del Censo de Población y Vivienda 2020, mientras que los datos de 2025 permiten contextualizar la situación actual. Aunque los resultados desagregados de la Encuesta Intercensal 2025 aún no se difunden, las cifras disponibles ayudan a dimensionar la magnitud del fenómeno.
En el municipio se contabilizaron 2,714 personas con discapacidad visual, la categoría con mayor presencia. Del total, 54.9% son mujeres y 45.1% hombres. Las pirámides poblacionales muestran que la mayor incidencia se concentra en personas de 60 años y más: las mujeres de 60 a 64 años representan 5.56% del total, mientras que los hombres en ese rango alcanzan 4.83%.
El INEGI precisa que una persona puede registrar más de un tipo de discapacidad, lo que complejiza el análisis. Entre las principales causas se encuentran enfermedades crónicas, edad avanzada, accidentes y condiciones congénitas.
Actualización estatal y brecha laboral
Para 2025, Coahuila reporta 134,816 personas con alguna discapacidad, equivalente al 4.3% de su población, con ligera mayoría femenina (51.5%). Los Censos Económicos 2024 revelan que 3,517 personas con dificultad para ver están ocupadas en actividades económicas, aunque solo 1.4% de los negocios del estado emplea a este sector, lo que evidencia una brecha persistente de inclusión laboral.
Paralelamente a este contexto, en el Senado avanza una propuesta que podría modificar el panorama laboral a nivel nacional. La legisladora Claudia Edith Anaya Mota presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo y establecer una cuota obligatoria del 3% de personas con discapacidad en las plantillas laborales.
La propuesta plantea ajustes en diversos artículos para garantizar condiciones dignas, medidas de accesibilidad, protocolos contra la discriminación y obligaciones patronales claras para asegurar ascensos y capacitación. Actualmente, aunque la ley prohíbe la discriminación, no contempla una cuota mínima, pese a que en México solo cuatro de cada diez personas con discapacidad participan en una actividad económica.
El cruce entre la realidad estatal y el debate legislativo nacional subraya la urgencia de crear condiciones laborales más equitativas. En Piedras Negras, la concentración de casos en adultos mayores exige fortalecer la atención social; en Coahuila, la baja contratación evidencia el desafío. La propuesta del Senado se perfila como un posible punto de inflexión para cerrar esa brecha histórica.
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