Corte Suprema evaluará actividad de Eduardo Bolsonaro
La Fiscalía de Brasil solicitó a la Corte Suprema investigar al diputado Eduardo Bolsonaro por sus gestiones en EE. UU. para sancionar a autoridades brasileñas.
La Fiscalía General de Brasil pidió este lunes a la Corte Suprema abrir una investigación sobre Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, por sus actividades en Estados Unidos, donde busca la aplicación de sanciones contra jueces brasileños, incluyendo al magistrado Alexandre de Moraes.
El Ministerio Público Federal presentó una solicitud formal para que el Supremo Tribunal Federal (STF) inicie una investigación sobre las acciones del diputado federal Eduardo Bolsonaro, quien se encuentra desde marzo en Estados Unidos, promoviendo presuntamente sanciones internacionales contra autoridades judiciales brasileñas.
La solicitud destaca que las acciones del legislador —quien dejó su escaño para “buscar justicia” para su padre, Jair Bolsonaro— podrían representar una interferencia directa en los procesos judiciales en curso en Brasil, donde el expresidente y decenas de aliados enfrentan acusaciones de intento de golpe de Estado.
Eduardo Bolsonaro mantiene estrechos vínculos con figuras de la ultraderecha estadounidense, y ha difundido en redes sociales mensajes junto a legisladores del Partido Republicano, quienes se han manifestado a favor de sancionar al magistrado Alexandre de Moraes y a otros miembros del Poder Judicial brasileño.
Entre los hechos destacados en la solicitud figura una reciente audiencia en el Congreso de EE. UU., donde el senador republicano Cory Mills preguntó al secretario de Estado, Marco Rubio, si el gobierno de Donald Trump contempla sancionar al magistrado De Moraes. Rubio respondió que “hay una gran posibilidad”.
Posible intento de interferencia judicial en Brasil
En el documento enviado al STF, la Fiscalía General señala que existe un “manifiesto tono intimidatorio” en las acciones de Eduardo Bolsonaro, que podrían estar dirigidas a coaccionar a los investigadores, fiscales y jueces que llevan el caso contra su padre por su supuesta participación en el intento de golpe del 8 de enero de 2023.
Según el Ministerio Público, las evidencias apuntan a una posible tentativa de obstrucción judicial, al promover la presión internacional para deslegitimar los procesos legales contra el expresidente Jair Bolsonaro.
Los fiscales destacan que el comportamiento del diputado podría violar la autonomía del Poder Judicial brasileño y constituir un delito contra el Estado de Derecho. Por ello, solicitan al Supremo investigar si estas acciones se enmarcan dentro de actividades ilícitas o inconstitucionales.
Jair Bolsonaro y sus aliados enfrentan juicio por golpismo
Jair Bolsonaro y al menos 30 de sus principales colaboradores enfrentan actualmente procesos judiciales por conspiración para impedir la toma de posesión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, luego de su victoria electoral en octubre de 2022.
La acusación indica que estas acciones culminaron en los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando miles de simpatizantes bolsonaristas invadieron y causaron daños en las sedes del Congreso, la Corte Suprema y la Presidencia en Brasilia, en un intento de provocar una intervención militar.
Las investigaciones del STF continúan activas, y los procesos avanzan contra varios miembros del círculo cercano del expresidente, incluyendo exministros, militares y asesores.
Repercusiones internacionales
El caso se enmarca en un momento de alta tensión política en Brasil, con el expresidente Bolsonaro aún influyendo en sectores de la derecha y la ultraderecha, tanto a nivel nacional como internacional. La intervención de figuras del Partido Republicano de EE. UU. añade un componente geopolítico al caso.
El intento de presionar a través de sanciones extranjeras contra autoridades judiciales brasileñas ha sido considerado por analistas como una amenaza a la soberanía institucional del país.
Mientras tanto, Eduardo Bolsonaro continúa publicando en redes sociales contenido que refuerza su narrativa de persecución política, lo que ha aumentado las preocupaciones sobre su impacto en las relaciones diplomáticas entre Brasil y Estados Unidos.
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