Conversaciones de ‘WhatsApp’ y ausencia de defensa marcan condena de 50 años a María Guadalupe
María Guadalupe Martínez fue condenada a 50 años de prisión por secuestro en el Estado de México, tras audiencias con traductores indígenas y perspectiva de género.
El juez Víctor Martín Mejía Hernández confirmó la sentencia de 50 años de prisión para María Guadalupe Martínez, debido a pruebas basadas en conversaciones de WhatsApp y la ausencia de defensa suficiente, obligándola además a pagar 800.000 pesos a la víctima.
Audiencia y acompañamiento
La lectura de la sentencia se realizó en el complejo judicial de Almoloya de Juárez, Estado de México, en una sesión de más de seis horas que incluyó dos traductoras de lenguas indígenas. Durante la audiencia, se pronunciaron términos como “interculturalidad”, “perspectiva de género” y “pueblos indígenas”. La condena fue justificada por el juez en la precisión y claridad de la declaración de la víctima, pese a que los hechos se documentaron principalmente a través de WhatsApp.
La audiencia contó con la presencia de medios nacionales, activistas y miembros de la comunidad otomí, quienes respaldaron a María Guadalupe con pancartas y expresiones de apoyo como: “¡Justicia para Lupita! ¡Lupita es inocente!”. Entre los asistentes destacaron Lorena Gutiérrez y Carmen Sánchez, activistas en casos de violencia contra mujeres, así como la periodista Michelle Gaytán, quien denunció irregularidades en el proceso judicial.
Elementos de prueba y testimonio de la víctima
Según el juez, la víctima relató que el 17 de junio de 2022 fue secuestrada tras abordar un autobús del transporte público, siendo llevada a una presunta casa de seguridad donde sufrió violencia física, verbal y sexual. Los hechos fueron corroborados mediante conversaciones de WhatsApp con su pareja, detallando amenazas, llamadas y fotos enviadas desde su teléfono.
La víctima identificó a María Guadalupe solo por unos segundos a 30 o 40 centímetros de distancia. Posteriormente, los agresores la abandonaron en un predio cercano. Durante el secuestro, que duró alrededor de tres horas, los hombres mantuvieron comunicación por chat con la pareja de la víctima, exigiendo dinero.
Peritajes y ausencia de pruebas de defensa
Los peritajes indicaron que las heridas de la víctima son reales y recientes, aunque algunos análisis sugerían que podrían ser autoinfligidas, versión desestimada por el juez. Se realizaron recorridos con la víctima para verificar su testimonio, confirmando los lugares mencionados.
El juez reprochó a María Guadalupe y su defensa no haber solicitado geolocalización del teléfono ni imágenes de cámaras de seguridad, ni presentar testimonios adicionales que acreditaran su presencia en el trabajo o con su familia durante los hechos. Solo se presentó el testimonio de un vecino, insuficiente para demostrar inocencia.
Asimismo, se destacó que el recurso de perspectiva de género ya había sido considerado, por lo que no era necesario reiterarlo constantemente. La audiencia fue la segunda en la que María Guadalupe contó con traductora en lengua otomí, garantizando parcialmente sus derechos como indígena y mujer en un proceso que lleva más de cuatro años.
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