Colegio de Abogados de Monclova: Nueva Ley de Amparo limita suspensiones y pone en riesgo inversiones

El presidente del Colegio de Abogados de Monclova alertó que la nueva Ley de Amparo compromete derechos, inversiones y la certidumbre jurídica en sectores clave del país.

La reforma a la Ley de Amparo aprobada por el Senado y enviada a la Cámara de Diputados representa una amenaza directa a la seguridad jurídica de ciudadanos y empresas, advirtió Jorge Chapa, presidente del Colegio de Abogados de Monclova, quien señaló que la iniciativa limita las suspensiones judiciales, fortalece el control del Estado sobre recursos naturales y restringe la defensa legal ante actos administrativos.

Jorge Chapa consideró que la reforma impulsada por el gobierno federal busca impedir que los tribunales concedan suspensiones provisionales cuando las autoridades revoquen permisos, concesiones o autorizaciones.

Comentó que esto afectaría directamente a empresas del sector minero, energético, del transporte y cualquier otro que trabaje mediante conceciones de la federación, ya que podrían perder su derecho a operar aun teniendo procesos legales en curso.

“Las solicitudes anteriores de concesiones ya no generan derechos adquiridos. Aún si una empresa ya explotaba un recurso, el gobierno puede negar su renovación, y ya no podrá ampararse para suspender esa decisión”, explicó.

Inseguridad jurídica para empresas e inversionistas

Chapa subrayó que la nueva legislación representa un riesgo regulatorio por la autoridad, lo cual nunca se había visto y que todo comenzó con la reforma al poder judicial que también se presta a un sutil control de dicho poder de la nación.

“Una empresa puede invertir millones en una concesión minera o de transporte, y si el gobierno decide revocar el permiso, no podrá obtener una suspensión que la proteja mientras se resuelve el juicio. La inversión queda en el aire”, señaló.

En el caso del sector transporte, mencionó que multas arbitrarias o cambios normativos ya no podrán frenarse con un amparo provisional, lo que incrementa la vulnerabilidad de las empresas ante el poder estatal.

Contra derechos humanos

Chapa consideró que la reforma también viola derechos humanos, al impedir que tanto empresas como ciudadanos puedan defenderse eficazmente ante decisiones arbitrarias del gobierno federal o de cualquier institución.

“Antes se concedía la suspensión y luego se resolvía el fondo del juicio. Ahora, en muchos casos, el juicio se va a desarrollar sin que se frene el acto reclamado, por más injusto que sea. Eso violenta los derechos de los ciudadanos”, afirmó.

Riesgo de fuga de capitales y pérdida de empleos

Uno de los efectos más inmediatos, según el abogado, será la salida de inversiones y la cancelación de proyectos en regiones con recursos naturales estratégicos.

“Si una empresa ve en riesgo su capital, simplemente se va a otro país donde haya certeza jurídica”, advirtió.

Esto, a su vez, podría afectar gravemente al empleo en zonas como Monclova, donde la minería y la industria dependen de concesiones federales. “Si no hay incentivos ni seguridad para invertir, las empresas no se establecen y los empleos se pierden”, lamentó.

Ciudadanos comunes y la ley de amparo

Aunque la reforma parece dirigida a grandes concesiones, el presidente del colegio destacó que la reforma a la Ley de Amparo también impacta a cualquier ciudadano que intente ampararse ante decisiones de autoridades administrativas.

Reconoció que sí preocupa al gremio jurídico la limitación del acceso a la justicia pues representa un retroceso frente a los principios de defensa y protección constitucional.

“Esto nos afecta a todos, no solo a los empresarios”, concluyó.

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