Carlos Treviño: ¿un distractor o reabrirán el caso Lozoya?

En las 63 páginas de la denuncia que Emilio Lozoya Austin presentó ante la Fiscalía General de la República en agosto de 2020, el nombre de Carlos Alberto Treviño Medina aparece como uno de los engranes de un mecanismo que presuntamente cruzó gobiernos, contratos y favores con la brasileña Odebrecht. Treviño, último director general de Pemex antes de la llegada de la 4T y exsubdirector corporativo de Administración en el calderonismo, es señalado por Lozoya de recibir, en septiembre de 2014 y por instrucción de Luis Videgaray, 4 millones de pesos a través de un operador apodado “El Conejo”.

El contexto es el contrato de Etileno XXI, la planta petroquímica de Braskem-Idesa en Veracruz. Según el propio Lozoya y testimonios recogidos en el libro Lozoya, el traidor, este proyecto fue entregado a Odebrecht por una instrucción política que se originó en el sexenio de Felipe Calderón. El exgobernador Javier Duarte aseguró desde prisión que el entonces presidente electo, Enrique Peña Nieto —frente a Marcelo Odebrecht—, lo llamó para pedirle que acelerara las obras.

Etileno XXI implicó más de 5 mil millones de dólares de inversión y un contrato con Pemex para el suministro de 66 millones de barriles diarios de etano por 20 años, con un descuento de entre 25% y 30% sobre el precio de mercado. El acuerdo, firmado en 2010 y ratificado en el peñismo, resultó desventajoso. Para 2020 ya había provocado pérdidas de más de 7 mil millones de pesos para Pemex, sin contar las penalizaciones. El gobierno de López Obrador amagó con cancelarlo y calificó de “leoninas” sus cláusulas.

Lozoya no se limitó a acusar a Treviño. También puso en la lista a José Antonio Meade y a José Antonio González Anaya —con montos similares—, a quienes señaló de operar en el Consejo de Administración de Pemex para evitar la discusión del contrato y mantener sus términos. Incluso habló de pagos adicionales en 2014: 84 millones de pesos, de los cuales 52 millones habrían sido para legisladores y el resto para funcionarios, incluidos Treviño y Meade. El problema es que nada de eso se ha podido comprobar y el propio Lozoya ha admitido que hubo presiones para hacer tales denuncias.

La defensa de Treviño ha desacreditado el intento de deportación para que sea juzgado en México, como lo anunció ayer la presidenta Claudia Sheinbaum. En una carta difundida poco después de que se filtrara la denuncia de Lozoya, sus abogados calificaron de “absolutamente falsas” las imputaciones, acusaron a la FGR de actuar con criterios políticos y señalaron que el testimonio del exdirector de Pemex está plagado de inconsistencias y contradicciones. Reprocharon que, a diferencia de otros casos, no se les haya permitido conocer la carpeta de investigación completa y que se base la acusación en dichos de un testigo colaborador que busca beneficios procesales. “Carlos Treviño Medina no recibió sobornos ni participó en actos de corrupción; su desempeño en Pemex fue honesto y apegado a derecho”, puntualizaron.

Este expediente no es un caso aislado, sino una pieza más de la trama Odebrecht, que combina contratos estratégicos, financiamiento político y un uso quirúrgico de la justicia en momentos clave. Desde que Lozoya decidió colaborar con la FGR, el caso ha servido para golpear adversarios políticos, alimentar el discurso contra la reforma energética y reforzar la narrativa de que los contratos más onerosos de Pemex fueron pactados “a la medida” de intereses privados.

En los pasillos judiciales y políticos hay quien cree que reactivar el caso Treviño ahora no es casualidad. Podría ser un distractor frente a las recientes acusaciones en cortes de Estados Unidos contra los empresarios mexicanos Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga, señalados por el Departamento de Justicia de haber pagado sobornos millonarios a funcionarios de Pemex Exploración y Producción durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, para obtener contratos de transporte y suministro de combustibles. También se habla de un eventual “intercambio político” con Washington, en el que Treviño sería una ficha entregada a cambio de los 26 criminales que México extraditó recientemente a ese país.

Etileno XXI no es el único capítulo en el que Braskem y Odebrecht tuvieron participación. Durante la gestión de Lozoya, la constructora brasileña también se llevó el contrato para el gasoducto Los Ramones II, de 450 kilómetros y mil 200 millones de dólares, lo que le permitió anclar su presencia en proyectos energéticos estratégicos. En ambos casos, las adjudicaciones estuvieron rodeadas de denuncias de sobrecostos, cláusulas ventajosas para los privados y un manejo opaco de las decisiones corporativas en Pemex.

En este contexto, Carlos Treviño puede ser tanto una pieza judicial, un distractor o un símbolo que une a dos sexenios muy odiados por la 4T (los de Calderón y Peña Nieto). También es una carta que el gobierno mexicano podría estar jugando en más de un frente, ya sea para enviar un mensaje político, cumplir compromisos diplomáticos o tapar con un escándalo viejo las acusaciones más recientes.

¿O piensan reabrir el caso Lozoya?

comentar nota

Noticias del tema