Calles deterioradas causan daños severos a vehículos
Un vehículo sufrió daños severos tras caer en múltiples baches y zonas hundidas, evidenciando el deterioro urbano.
En pleno siglo XXI, cuando la tecnología avanza a pasos agigantados y las promesas gubernamentales sobre infraestructura urbana parecen no cesar, la realidad que enfrentan cientos de ciudadanos cada día es diametralmente opuesta. Piedras Negras, como muchas otras ciudades del país, vive una contradicción silenciosa: las calles que deberían conectar y facilitar la movilidad de su gente, hoy representan un obstáculo, un peligro y un costo económico no menor para quienes circulan sobre ellas.
Uno de los ejemplos más evidentes de esta problemática se encuentra en la colonia Los Olivos, donde las vialidades presentan un nivel de deterioro alarmante. La avenida principal —arteria clave para el desplazamiento de quienes habitan o transitan la zona— se encuentra plagada de baches, hundimientos y fugas de drenaje que no solo dificultan la conducción, sino que ponen en riesgo real la integridad de los vehículos. La falta de mantenimiento no es reciente ni sorpresiva: es crónica, acumulada y sostenida por años de indiferencia.
El resultado: vehículos particulares sufriendo daños estructurales, afectaciones a la suspensión, rotura de llantas, e incluso accidentes que afortunadamente no han cobrado vidas, pero que continúan siendo una amenaza latente. En un país donde tener un automóvil sigue siendo para muchas familias un bien adquirido con esfuerzo, sacrificios y años de ahorro, enfrentar estos gastos imprevistos representa mucho más que una molestia: es un golpe a la economía personal y familiar.
Los baches no discriminan. No importa si se trata de un vehículo nuevo o viejo, si se circula con precaución o con prisa: cuando una calle está en malas condiciones, el riesgo es el mismo. El pavimento dañado no solo implica un deterioro del concreto; implica un deterioro del tejido urbano, de la confianza ciudadana y de la calidad de vida. Es, también, una muestra de la desconexión entre los discursos institucionales y la cotidianidad de las colonias populares.
El daño que ocasionan estas vialidades en mal estado no se limita al vehículo. El conductor pierde tiempo, dinero, seguridad. Una suspensión dañada, una llanta reventada o un eje torcido no se arreglan con buenas intenciones ni con discursos; se arreglan con recursos, con talleres y con reparaciones cuyo costo puede ascender fácilmente a miles de pesos. ¿Y quién los absorbe? El ciudadano. No hay seguros que cubran baches. No hay reembolso por parte de quienes deberían garantizar calles seguras y funcionales. El ciudadano paga dos veces: con sus impuestos y con su bolsillo.
Lo que sucede en Los Olivos no es un hecho aislado. Es el reflejo de un patrón que se repite en distintas ciudades y colonias. Es la consecuencia de una política de infraestructura que no escucha, que no prioriza a quienes más lo necesitan, y que responde más a intereses coyunturales que a necesidades permanentes. La movilidad urbana debe ser un derecho garantizado, no una ruleta de suerte que depende de por dónde circules.
Aunado a ello, el problema va más allá de lo económico. Las condiciones de insalubridad que generan las fugas de drenaje abiertas, la acumulación de agua estancada y la descomposición de la vía pública representan un riesgo sanitario. En temporadas de calor o lluvias, estos charcos se convierten en criaderos potenciales de mosquitos transmisores de enfermedades como el dengue o el zika. La negligencia en infraestructura, por tanto, también es un problema de salud pública.
La crítica social en este caso es inevitable: ¿hasta cuándo los ciudadanos deberán absorber los costos de un sistema que falla en brindar lo más básico? ¿Cuántos vehículos más deben resultar dañados? ¿Cuántas familias deben ver comprometido su ingreso mensual por reparar daños que no causaron, pero que deben asumir?
El pavimento en mal estado no solo daña los vehículos. Daña la confianza, el sentido de pertenencia, la seguridad y la calidad de vida. Urge una planeación real, con enfoque territorial, que escuche a las colonias más afectadas. Urge también una política de mantenimiento con enfoque preventivo, no solo correctivo ni reactivo. Porque el abandono urbano no se soluciona con discursos. Se soluciona con acción.
Y mientras esa acción no llegue, Los Olivos seguirá siendo una colonia que, al igual que muchas otras, paga con cada bache el precio de la indiferencia institucional.
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