Bolsonaro permanecerá en prisión cerrada al menos 7 años, determina Justicia brasileña
La Justicia brasileña determinó que Jair Bolsonaro deberá permanecer en prisión cerrada al menos 7.5 años, pudiendo solicitar el régimen semiabierto hasta 2033.
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años y tres meses por golpismo, tendrá que permanecer en régimen de prisión cerrado al menos siete años y medio, según un cálculo oficial del Juzgado de Ejecuciones Penales de Brasilia enviado a la Corte Suprema, que establece que solo podrá solicitar el beneficio del régimen semiabierto el 24 de abril de 2033.
El documento judicial detalla el calendario de posibles beneficios para el líder ultraderechista. Según los cálculos, Bolsonaro podrá solicitar la libertad condicional el 13 de marzo de 2037, cuando tenga casi 82 años de edad. El régimen semiabierto le permitiría salir de día para trabajar o estudiar, pero pernoctando en prisión. La condena completa finalizaría en 2052, aunque se considera que el expresidente apelará la sentencia.
Inicio de la condena
Bolsonaro comenzó a cumplir oficialmente su condena el 4 de agosto de 2025, cuando la Corte Suprema ordenó su prisión domiciliaria por violar restricciones impuestas previamente. Fue declarado culpable de liderar una conspiración golpista para impedir la toma de posesión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022. Actualmente cumple condena en una celda especial en la sede de la Policía Federal de Brasília.
Recurso de apelación y probabilidades de éxito
El exmandatario aún confía en que la Corte Suprema atienda un recurso presentado la semana pasada para anular todo el proceso. Sin embargo, analistas legales consideran que tiene pocas probabilidades de prosperar, dado que el máximo tribunal ya declaró concluido el caso y ratificó la sentencia condenatoria por los graves delitos contra el Estado Democrático de Derecho.
Implicaciones políticas y sociales
El largo calendario carcelario para una figura de tanto peso en la política brasileña marca un precedente histórico en la aplicación de la justicia a expresidentes. El caso ha polarizado aún más al país, entre quienes ven en la condena un ejemplo de rendición de cuentas y quienes la consideran una persecución política. Su futuro legal seguirá siendo un eje de tensión nacional.
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