Arriesgan la vida por 800 pesos: la trágica economía del robo de cableado eléctrico
Por menos de mil pesos, jóvenes arriesgan su vida robando cableado y transformadores eléctricos. Una economía informal tan peligrosa como poco rentable.
El reciente fallecimiento de un joven de 23 años mientras intentaba sustraer un transformador eléctrico en la zona industrial de Monclova ha reabierto el debate sobre la microeconomía delictiva que gira en torno al robo de cableado y equipos eléctricos. Un fenómeno que, aunque marginal en cifras absolutas, representa un costo social, económico y humano profundamente preocupante.
De acuerdo con ingenieros de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como Alejandro, quien participó en las labores de rescate, los riesgos asociados a este tipo de robos son extremadamente altos en contraste con los beneficios económicos que generan. “Si el transformador no sufre daños durante la caída, puede venderse en el mercado negro por hasta 25 mil pesos. Pero eso es una excepción. En la mayoría de los casos, lo que se obtiene no supera los 800 pesos en materiales”, explica.
El robo de cableado también sigue un patrón de baja rentabilidad. Por cada incursión, los ladrones logran cortar entre 100 y 1,000 metros, lo que se traduce en apenas 500 a 800 pesos por venta en centros de reciclaje o chatarreras. Se trata de una cadena económica informal altamente riesgosa, donde la vida del delincuente suele tener menos valor que el propio metal que intenta sustraer.
Desde una perspectiva macroeconómica, el impacto va más allá de lo individual. El robo de infraestructura eléctrica ocasiona pérdidas millonarias a la industria, genera interrupciones en el suministro energético y aumenta los costos operativos de empresas públicas como la CFE, que debe reponer equipos y atender emergencias constantemente.
El aspecto más delicado de esta cadena económica es su sostenibilidad basada en la tolerancia social: autoridades locales denuncian que el comercio de estos materiales robados persiste porque ciertos centros de reciclaje siguen aceptándolos, pese a conocer su origen ilícito. Esta complicidad alimenta un círculo vicioso donde la informalidad y la criminalidad encuentran una convergencia peligrosa.
El caso de Monclova no es aislado. Representa un patrón creciente en regiones con altos niveles de desempleo juvenil y escasas oportunidades económicas. Así, se consolida una economía de subsistencia al margen de la ley, en la que los participantes arriesgan su vida por ganancias que apenas cubren una semana de gastos básicos.
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