Aprueba Cabildo de Piedras Negras impuesto de alumbrado para iniciativa privada
La aprobación de la propuesta fue votada por 11 votos a favor de los 20 integrantes del Cuerpo Edilicio
El Cabildo de Piedras Negras aprobó por mayoría de votos la implementación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) dirigido exclusivamente a la iniciativa privada. La propuesta fue presentada durante la más reciente Sesión Ordinaria de Cabildo, encabezada por el alcalde Jacobo Rodríguez González, y contó con la participación de los 20 miembros del cuerpo edilicio.
Con 11 votos a favor, se dio luz verde al convenio de colaboración que establece los términos y condiciones para la recaudación y aplicación de este derecho, con el objetivo de fortalecer el financiamiento del servicio de alumbrado público. Este nuevo esquema aplicará un porcentaje adicional del 2.5 % sobre el consumo de energía eléctrica, pero de manera específica a los sectores comercial, industrial y empresarial, dejando fuera a los usuarios domésticos o residenciales.
Durante la sesión, el Secretario del Ayuntamiento, Daniel Aguilar, explicó los fundamentos legales de esta medida, señalando que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta a los ayuntamientos a administrar su hacienda pública y a prestar los servicios públicos municipales, entre ellos el alumbrado. Subrayó que esta acción no representa una invención o innovación local, sino que se trata de una práctica ya existente en otros municipios del estado de Coahuila y en distintas entidades del país.
"Este convenio no es una medida aislada ni un nuevo impuesto como tal. Se trata de una herramienta legal que permite a los municipios recuperar una parte del gasto que se eroga en el suministro de energía eléctrica destinado al alumbrado público. El 2.5 % será aplicado exclusivamente a los consumos comerciales, empresariales e industriales. No tocará en absoluto a los usuarios domésticos", aclaró Aguilar.
El funcionario también detalló que este porcentaje no se integrará a las finanzas municipales como un ingreso directo, sino que funcionará como una compensación aplicada al gasto corriente que el Ayuntamiento destina al pago del consumo eléctrico ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En términos prácticos, esto significa que dicho porcentaje será retenido de manera directa por la CFE, y descontado del monto que el gobierno municipal debe cubrir mes con mes por concepto de energía pública.
El presidente municipal, Jacobo Rodríguez, respaldó la propuesta argumentando que el municipio debe buscar mecanismos responsables y sostenibles para mantener y mejorar los servicios públicos. Explicó que el alumbrado público representa una de las erogaciones más importantes dentro del gasto operativo, y que esta medida permitirá optimizar recursos sin recurrir a recortes o afectaciones presupuestales en otras áreas como seguridad, salud o desarrollo social.
Asimismo, durante esta misma sesión de cabildo, la directora de Patrimonio Municipal, Lic. Dulce Karina Arellano Jáquez, presentó una solicitud formal para dar de baja 33 bienes muebles propiedad del Ayuntamiento. Estos activos, que incluyen mobiliario, equipo de cómputo y herramientas diversas, han quedado inutilizables por su desgaste total, deterioro físico o por su obsolescencia tecnológica. La propuesta fue turnada para su análisis a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, que evaluará su viabilidad conforme al reglamento y normatividad vigente.
En otro punto del orden del día, también fueron turnados a dicha comisión el anteproyecto del Presupuesto de Ingresos, la Iniciativa de Ley de Ingresos y el anteproyecto del Presupuesto de Egresos correspondientes al ejercicio fiscal 2026. Con ello, se inicia el proceso de estudio, análisis y dictaminación de la planeación financiera que regirá las finanzas municipales el próximo año.
Cabe destacar que este tipo de medidas —como el DAP— han sido objeto de debate en diversos municipios del país, pues si bien cuentan con respaldo constitucional y legal, también han generado posturas encontradas, especialmente entre sectores empresariales. Sin embargo, el gobierno de Piedras Negras ha dejado en claro que su implementación se apega estrictamente al marco jurídico y responde a una necesidad urgente de cubrir con mayor eficacia los gastos derivados del mantenimiento y operación del alumbrado público, el cual, además de ser un servicio esencial, incide directamente en la percepción de seguridad, movilidad y bienestar urbano.
La administración local enfatizó que no se trata de una medida generalizada ni de carácter regresivo, ya que no se afectará a la ciudadanía en sus recibos de luz residenciales. Al mismo tiempo, se busca establecer un esquema de corresponsabilidad en el que las empresas —como actores importantes en el desarrollo económico de la ciudad— contribuyan proporcionalmente al sostenimiento de los servicios públicos de los que también se benefician.
Por ahora, el convenio deberá formalizarse con la Comisión Federal de Electricidad, instancia que será la encargada de aplicar el porcentaje correspondiente en los recibos de los usuarios comerciales e industriales. La medida se comenzará a implementar una vez firmado el acuerdo entre ambas partes, con lo cual el Ayuntamiento espera obtener un alivio financiero que le permita redirigir recursos hacia obras prioritarias y programas sociales sin comprometer su equilibrio presupuestal.
Con esta decisión, Piedras Negras se suma a otras ciudades del estado que han adoptado el Derecho de Alumbrado Público como un mecanismo legal y fiscal para garantizar la eficiencia en la prestación de servicios básicos. El Ayuntamiento reiteró su disposición al diálogo con el sector empresarial para resolver dudas, aclarar procedimientos y garantizar la transparencia en la aplicación del nuevo esquema.
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