Alcalde no subirá punto de acuerdo para destitución de Comisaría de SIMAS
La decisión la tomará el cabildo reiterando que la comisaria esta en su cargo por su curriculum
La permanencia de María Dolores García García como comisaria del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) en Piedras Negras ha desatado un nuevo episodio de tensión en el ámbito político local, luego de que el alcalde Jacobo Rodríguez descartara subir al Cabildo un punto de acuerdo para su destitución, a pesar de los señalamientos en su contra por presunta extralimitación de funciones.
Durante la pasada reunión del Consejo de SIMAS, se discutió la posibilidad de que el caso fuera llevado a votación por el Cabildo. Sin embargo, el alcalde fue tajante al respecto: “Yo no voy a subir ese punto de acuerdo. Tendrían que ser los regidores, o terceras partes los que lo hicieran. No hay ningún indicio de que Maridol haya cometido algo indebido.” Esta postura contrasta con las declaraciones del propio gerente general de SIMAS, Lorenzo Menera, quien ha señalado públicamente a García García por asumir atribuciones fuera de su responsabilidad.
Pese a la controversia, el alcalde defendió su decisión argumentando que no existen pruebas de delitos ni faltas administrativas, y recordó que el gerente de SIMAS publicó un video exonerando de responsabilidad directa a la comisaria, asegurando que no hubo robo ni elementos que ameriten una sanción. Rodríguez también dejó abierta la posibilidad de incorporar a García García a otro cargo dentro de su administración si el Cabildo llegara a removerla: “Si nos puede ayudar en algo, vamos a sumarla. Se trata de capacidad, no de compromisos personales.”
La negativa del alcalde ha generado suspicacias entre algunos sectores del ámbito político y social, quienes perciben un posible acto de protección política o personal. Trascendió que García García mantiene vínculos familiares cercanos con figuras del entorno del propio edil, lo que alimenta la narrativa de un encubrimiento disfrazado de respaldo institucional.
Este caso pone sobre la mesa un debate sobre los límites de la facultad ejecutiva del alcalde y el papel del Cabildo como contrapeso institucional. También evidencia los desafíos para garantizar transparencia y rendición de cuentas en organismos descentralizados como SIMAS, donde las pugnas internas y los señalamientos se traducen en decisiones políticas con impacto directo en la percepción ciudadana.
En un contexto donde la eficiencia de servicios como agua potable y drenaje es clave para el bienestar de la población, las decisiones administrativas deben estar orientadas a preservar el buen funcionamiento del organismo y la confianza de los usuarios. Cuando los respaldos políticos se imponen sobre la revisión objetiva del desempeño, se corre el riesgo de debilitar la institucionalidad.
El próximo paso en este proceso dependerá de si los regidores, como ha señalado el propio alcalde, deciden tomar la iniciativa e introducir el punto de acuerdo por su cuenta. En ese escenario, se pondrá a prueba la independencia del Cabildo y su capacidad de actuar sin ataduras partidistas o compromisos personales.
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