Alcalde de Piedras Negras enfrenta dos denuncias en cuatro meses
A menos de cuatro meses de haber asumido la presidencia municipal, Jacobo Rodríguez enfrenta dos denuncias legales, una por presunto intento de soborno y otra por supuestos ataques a la libertad de expresión, lo que ha generado controversia y atención pública sobre su gestión.
Desde el inicio del año, el alcalde de Piedras Negras ha estado involucrado en situaciones legales que han opacado el desarrollo de su gestión administrativa. La primera denuncia fue interpuesta por Ignacio García, abogado y exfuncionario municipal, quien afirmó haber sido presionado para renunciar mediante un intento de soborno.
Aunque el caso no prosperó en términos administrativos —pues García fue destituido posteriormente por acuerdo de cabildo— la denuncia generó repercusiones públicas que iniciaron una narrativa de tensión dentro del gobierno local.
Nueva denuncia por presunto ataque a periodista
Recientemente, durante una conferencia matutina, el periodista independiente Arón Ramírez confrontó al presidente municipal, señalándolo públicamente por ataques dirigidos hacia él y hacia otros actores críticos de la administración. Según lo declarado, se trataría de una campaña de hostigamiento mediante distintos medios de comunicación.
Ramírez aseguró sentirse afectado política y socialmente, por lo que anunció que interpondrá una demanda formal ante tribunales, apelando a la protección de la libertad de prensa y el derecho a la libre expresión.
Contexto político y jurídico de las denuncias
Ambas acusaciones se producen en un contexto donde la figura del presidente municipal ha cobrado notoriedad no solo por su papel ejecutivo, sino por las reacciones que su administración ha generado entre opositores políticos y sectores de la sociedad civil.
El caso de Ignacio García quedó registrado como parte de los expedientes municipales y, aunque no derivó en responsabilidades penales conocidas públicamente, marcó un precedente en los primeros días del gobierno de Rodríguez.
En tanto, la denuncia anunciada por Arón Ramírez aún no ha sido formalizada en un juzgado, pero ha sido ampliamente difundida en medios regionales, generando debate sobre el clima de libertad informativa en el municipio.
Libertad de expresión y servidores públicos
Este tipo de denuncias subraya el desafío que enfrentan las administraciones municipales al interactuar con los medios de comunicación y actores sociales. En México, la libertad de expresión y la labor de los periodistas están protegidas por el artículo 6° constitucional, así como por tratados internacionales de derechos humanos.
Cualquier intento de coartar estas libertades, directa o indirectamente, puede constituir una violación legal, además de provocar daño reputacional para quienes ejercen funciones públicas.
Reacciones y próximos pasos
Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial del Ayuntamiento de Piedras Negras en relación con la nueva denuncia, y se desconoce si el presidente municipal responderá públicamente a los señalamientos realizados por Ramírez.
La evolución de este caso dependerá de la formalización de la demanda y de la actuación de las autoridades judiciales correspondientes. Mientras tanto, el entorno político en la ciudad se mantiene atento al desarrollo de este y otros posibles procesos relacionados con la administración actual.
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