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Hay sancionados 
por desvíos de 
La Estafa Maestra

Hay sancionados 
por desvíos de 
La Estafa Maestra
comparte facebook comparte X comparte WhatsApp comparte Telegram VANGUARDIA / EL TIEMPO

CIUDAD DE MÉXICO.- Por los desvíos de 7 mil 600 millones de pesos en 11 dependencias de gobierno federal documentados en La Estafa Maestra, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha sancionado hasta ahora a 11 funcionarios públicos, de los 110 identificados en la investigación periodística.

Sin embargo, entre los sancionados no hay ninguno de los titulares de las 11 dependencias en las que se produjeron los desvíos millonarios.

Estos altos funcionarios aún se mantienen en sus cargos, fueron ascendidos, o concluyeron sus periodos, pero en ningún caso han enfrentado consecuencias ante la justicia.

Por el contrario, entre los que sí fueron sancionados, hay servidores públicos de rango medio que, además, solo fueron multados con una sanción leve de inhabilitación temporal de empleo en la función pública.

Rosario Robles no 
es la única implicada

Rosario Robles, actual titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedatu), será probablemente llamada a comparecer ante el Senado en las próximas semanas, por presuntos desvíos de recursos públicos ocurridos durante su gestión en esta dependencia, según informes forenses de la Auditoría Superior de la Federación, y también en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la cual dirigió entre 2012 y 2015.

Pero Robles no es la única funcionaria implicada en La Estafa Maestra. De hecho, la investigación documentó que son 110 servidores públicos implicados: 11 secretarios de gobierno, 10 oficiales mayores, que son los responsables de administrar y vigilar los recursos públicos de las dependencias, 81 funcionarios con otros cargos que firmaron los convenios, y ocho rectores de universidades públicas.

Y tampoco se trata de una sola secretaría implicada: el esquema de desvío ocurrido en Sedesol fue utilizado en otras 10 dependencias de las que salieron 7 mil 600 millones de pesos, de los cuales, gracias a la ‘intermediación’ de ocho universidades públicas que violaron la ley de adquisiciones, 4 mil 613 millones ‘desaparecieron’ entre 144 empresas fantasma o irregulares.

Es decir, no solo se trata de un caso, sino de un sistema de corrupción.

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